El juicio de apelación del cardenal Becciu comienza con petición de recusación del fiscal

Ciudad del Vaticano, 22 sep (EFE).- El juicio de apelación del cardenal italiano Angelo Becciu, de 77 años, quien fue condenado a 5 años y medio por malversación con prohibición de ocupar cargos públicos en uno de los procesos más mediáticos del Vaticano, comenzó este lunes con la petición de recusación del fiscal, Alessandro Diddi.

En la solicitud de recusación por parte de algunos de los acusados se apunta a Diddi, promotor de Justicia vaticano, de haber realizado incorrectamente sus investigaciones, al rechazar como pruebas algunas conversaciones via chat y que, según los medios, volverán a ser presentadas.

El escándalo estalló en 2019 al trascender la compra de un edificio en el corazón londinense, en Sloane Avenue, una antigua sede de las galerías Harrods en el exclusivo barrio de Chelsea.

El Tribunal, presidido por el juez español y decano del Tribunal de la Rota Alejandro Arellano Cedillo, rechazó la recusación, mientras Diddi se reservó los tres días de tiempo a disposición para depositar una defensa a estas acusaciones.

Ahora la palabra pasará al Tribunal de Casación (Supremo), compuesto por cuatro jueces (cuatro cardenales), que tendrá que decidir sobre el asunto, aunque no hay plazos previstos. Pero mientras llega la decisión, el juicio continuará ya mañana.

El que fuera poderoso sustituto de Asuntos Generales de la Secretaria de Estado y prefecto de la Causa de los Santos -y a quien Francisco retiró sus derechos cardenalicios por su implicación en este escándalo financiero- renunció a participar en el pasado cónclave después de la división que suscitó entre los cardenales su posible participación.

Becciu, que se sigue declarando inocente de los cargos de estafa, malversación y abuso de oficio, fue condenado el 16 de diciembre de 2023 a cinco años y seis meses de prisión, más la inhabilitación perpetua para cargo público y 8.000 euros de multa.

En la audiencia de hoy estuvieron presentes algunos de los condenados en primera instancia: Fabrizio Tirabassi, empleado de la Oficina Administrativa de la Secretaría de Estado vaticana; los exasesores financieros de la Santa Sede Enrico Crasso y Raffaele Mincione, y el abogado Nicola Squillace.

También participó el secretario del cardenal, Mauro Carlino, el único de los diez imputados que fue absuelto del proceso.

Por contra, no se presentó la empresaria Cecilia Marogna, asesora de Becciu y presentada en los ambientes vaticanos como una experta en diplomacia, que fue condenada a 3 años, además de los otros tres asesores condenados.

En el proceso de apelación, que podría durar al menos un año, se evaluarán los recursos a la sentencia que han presentado tanto los abogados de los condenados como el fiscal, que la considera demasiado leve.

Entre las nuevas pruebas que aportará la defensa del cardenal, según apuntan algunos medios, estarán los mensajes de whatsapp entre la que fue colaboradora del Vaticano Francesca Immacolata Chaouqui y Genoveffa Ciferri, estrecha colaboradora de monseñor Alberto Perlasca, acusador de Becciu.

El escándalo estalló en 2019, al trascender la compra de un edificio en Londres por parte de la Secretaría de Estado que derivó en una operación altamente especulativa al generar un agujero de al menos 139 millones de euros en las cuentas de la Santa Sede.

El edificio en la exclusiva calle londinense de Sloane Avenue había costado al Vaticano unos 350 millones de euros pero luego fue vendido por 186 millones de libras (unos 214 millones de euros).

Sin embargo, aquella adquisición acabó siendo utilizada para extorsionar al Vaticano y demostrando la poca transparencia y las irregularidades que había en las cuentas de la Santa Sede.

Además, durante el proceso surgieron otros delitos financieros cometidos presuntamente por Becciu como las donaciones de 125.000 euros que el cardenal ingresó en la cuenta de una asociación vinculada a la Cáritas sarda de Ozieri, que en ese momento presidía uno de sus hermanos.

Y el pago de 575.000 euros a Marogna, a quien se contrató por presentarse como experta en asuntos diplomáticos y servicios secretos y que supuestamente ayudó a la Santa Sede a liberar a la monja colombiana secuestrada en Malí. Becciu aseguró que el papa Francisco había autorizado estos pagos. EFE

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