El Parlamento húngaro aprueba una criticada ley que investigará «injerencias» extranjeras
Budapest, 12 dic (EFE).- El Parlamento húngaro aprobó hoy unas polémicas reformas legales en «defensa de la soberanía», con las que se crea una autoridad que puede investigar supuestos intentos de injerencia en la política del país y aumentan las penas por recibir apoyo financiero del extranjero durante las campañas electorales.
Con los votos del partido gobernante Fidesz, que cuenta con una amplia mayoría absoluta, los diputados aprobaron la ley, que crea la «Oficina de defensa de la soberanía nacional», una entidad que investigará las actividades de personas y organizaciones locales y extranjeras que pueden poner en peligro la soberanía del país.
La entidad también «detectará» e investigará los intentos de injerir en la política del país, así como de tratar de influir en los resultados de las elecciones o en la «voluntad electoral».
«Debemos marcar prohibiciones claras para que las elecciones no se puedan manipular desde el extranjero», aseguró el primer ministro, el ultranacionalista Viktor Orbán en unas declaraciones en noviembre en las que defendió la normativa.
La oposición y analistas independientes han criticado que la ley, al estar redactada de una forma vaga, sin definiciones concretas, solo servirá para intimidar a los adversarios políticos del Gobierno y abrirá la puerta a «mentirosas campañas de desprestigio», semejante a las de la Rusia de Vladimir Putin.
Las reformas legales aprobadas hoy también endurecieron las ya existentes legislaciones que prohíben el uso de dinero extranjero en las campañas electorales, creando una nueva categoría en el código penal, la de «influir ilícitamente en la voluntad electoral», que se castigaría con penas de hasta tres años de cárcel.
En 2017 el Gobierno húngaro impulsó la aprobación de una ley que obligaba a las ONG que reciben más de 23.000 euros desde el exterior a proporcionar una lista de donantes y definirse como una «organización financiada desde el extranjero», una norma que cuatro años después fue tumbada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), ya que violaba la legislación comunitaria.EFE
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