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El presidente de la región española de Valencia dimite un año después de las inundaciones

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El presidente de la región española de Valencia, Carlos Mazón, anunció este lunes su dimisión un año después de las inundaciones que mataron a 229 personas y después de ser insultado por las familias de las víctimas por haber desaparecido de la gestión de la catástrofe de 2024.

«Ya no puedo más. Sé que el futuro presidente será capaz de continuar con la reconstrucción», dijo Mazón en un discurso de dimisión en la sede de Gobierno, días después del funeral de Estado en Valencia, el miércoles, en el que fue increpado por las familias.

Mazón seguirá de diputado en las Cortes valencianas y de momento no habrá elecciones, por lo que se espera que sea sustituido por otro político de su formación, el Partido Popular (PP, conservador), hasta los comicios de 2027.

«Asesino», «rata», o «no te queremos» fueron algunos de los insultos dirigidos desde la zona de los familiares a este abogado de formación, que el día de las riadas estuvo desaparecido seis horas almorzando con una periodista.

Durante ese tiempo, su Gobierno se demoró más de 12 horas, hasta las 20H11, en enviar un mensaje del aviso a los ciudadanos que, afirman, hubiera podido salvar vidas. 

Mazón rechazó la sugerencia de que aquel día en que se ausentó del mando de Gobierno estuviera dedicado a tareas amorosas con la periodista con la que comió. 

Según dijo en su momento, quería ofrecerle un puesto en la televisión pública valenciana, si bien al principio ocultó la comida.

La periodista, Maribel Vilaplana, debe declarar este lunes ante la juez que investiga la tragedia y que no puede imputar a Mazón por ser aforado -y porque debe ser investigado por un tribunal superior. 

– «Repugnante ataque machista» –

«Han llegado a decir aquella tarde que estuve de cumpleaños, con políticos o expolíticos, incomunicado, con el móvil apagado (…) y, por supuesto, el repugnante ataque machista, que ni siquiera voy a mencionar», aseguró sobre el almuerzo.

Al mismo tiempo, admitió que fue «un error» no haber anulado su agenda ese día, porque eso hizo «que se instalara en el imaginario social la idea de un presidente ajeno a la emergencia».

El político valenciano de 51 años dijo haber sido víctima de una campaña «brutal» y acusó al Gobierno central del socialista Pedro Sánchez de haberle escatimado ayuda para perjudicarle políticamente.

«Ha habido una campaña brutal en la que algunos han intentado convertir en deporte nacional llamarme asesino, para ello no han escatimado ni en mentiras», afirmó. 

«El Gobierno de España, con su presidente a la cabeza, ha negado herramientas en la reconstrucción sólo para dañarnos políticamente», acusó Mazón.

«Ni pidiendo ayuda o recursos nos lo dieron, ni siquiera en los días posteriores a la tragedia, cuando los necesitábamos con urgencia», afirmó.

Rosa Álvarez, presidenta de la Asociación Víctimas Mortales de la dana (depresión aislada en niveles altos), afirmó que Mazón dimitió por la presión de la calle.

«Él no ha dimitido. No lo ha hecho dimitir su partido. Lo hemos hecho dimitir las familias de las víctimas y toda la gente que nos ha apoyado», declaró a la radio Cadena SER.

El padre de Álvarez, que tenía 80 años, murió cuando la fuerza del agua derribó las paredes de su casa, en Catarroja.

Miles y miles de manifestantes han participado en las manifestaciones mensuales que desde la tragedia tenían lugar en Valencia para reclamar la dimisión de Mazón.

Según una encuesta publicada hace exactamente una semana por los diarios ABC y Las Provincias, el 75% de los valencianos querían su dimisión.

Al término de una reunión del PP en Madrid, su líder, Alberto Núnez Feijóo, se refirió a Mazón como «un compañero que ha reconocido equivocaciones» que «habrán marcado su vida para siempre».

«Pero que también», prosiguió Feijóo, «ha sufrido una cacería política y personal (…), porque no es un asesino». 

«Ninguna emergencia nacional depende de una sola persona», añadió Feijóo, en una indirecta al Gobierno de Pedro Sánchez.

Las inundaciones del año pasado afectaron a 78 municipios, la mayoría en la periferia sur de la ciudad de Valencia, llevándose por delante 130.000 vehículos, dañando miles de viviendas y generando unas 800.000 toneladas de residuos. 

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