
El presidente de Panamá ordena a la Policía reabrir zona bananera bloqueada por sindicatos
Ciudad de Panamá, 12 jun (EFE).- El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, ordenó este jueves a la fuerza pública reabrir la zona bananera del país semiparalizada por los bloqueos que desde hace más de un mes mantienen grupos sindicales que rechazan una reforma a la seguridad social ya vigente.
Mulino hizo el anuncio después de que este jueves aún estuvieran bloqueados una veintena de puntos en Bocas del Toro pese a que el miércoles el líder del sindicato bananero, Francisco Smith, firmara en el Parlamento un acuerdo para despejar todas las vías de esa empobrecida provincia.
Este acuerdo era necesario para el Ejecutivo presentara a los diputados una nueva ley especial en materia de seguridad social para el sector bananero, negociada por las partes semanas atrás, y que ayer mismo superó la primera de tres discusiones parlamentarias.
De acuerdo con lo explicado por Mulino durante su conferencia de prensa semanal, quienes mantienen los bloqueos son sindicalistas del gremio de la educación pública que no siguen la línea del sindicato bananero, algo que criticó porque el acuerdo suscrito por Smith involucró el compromiso de la apertura total de la provincia.
Los educadores mantienen los bloqueos por la Ley 462, que es la reforma a la seguridad social, «que no toca a los educadores en nada» pues ellos cuenta con un régimen especial, «y no toca al sector bananero, para quienes además está en trámite una ley especial a la que se accedió», expresó Mulino.
«Vamos a reabrir esos puntos, se acabó el relajo aquí. Bocas del Toro no va a seguir secuestrada ni por Smith ni por los educadores. He dado instrucciones para eso y vamos a reabrir Bocas, integralmente, usando la mayor cautela del mundo para que se haga de la mejor manera posible. Le he pedido al ministro de Seguridad, a la Policía Nacional, al Servicio Nacional de Fronteras (Senafront) que nos ayuden con eso. Está organizado», dijo Mulino.
Desde hace más de un mes Bocas del Toro, y en especial la pequeña ciudad de Changuinola, sufre decenas de cierres en carreteras que han provocado desabastecimiento de combustible y de enseres básicos y el cierre de la transnacional Chiquita, la principal empleadora de la zona, que despidió a más de 6.500 trabajadores alegando pérdidas de más de 75 millones de dólares por un problema ajeno a la empresa.
Mulino dijo que ordenó custodiar las instalaciones de Chiquita porque hay información pública, que circula en «audios» en los que supuestamente el dirigente sindical y otra persona dicen «que se van a tomar las empacadoras y que se van a meter en las tierras», cosa que «no podemos permitir», según dijo el presidente.
Esas instalaciones «todavía pertenecen, por una concesión otorgada por la República de Panamá, a Chiquita, y no es verdad que vamos a permitir su ocupación o destrucción so pretexto de lo que ellos quieran argumentar», dijo el mandatario.
Mulino además desmintió supuesto rumores de que su Gobierno negociaría con Chiquita asumir parte de las pérdidas causadas por el paro sindical – que fue declarado ilegal por un Tribunal de Trabajo – para persuadir a la transnacional para que se quede en el país y vuelva a contratar a los despedidos.
«Si se rifaron acabar con Bocas del Toro en el último mes con la esperanza de que quizás, como ha pasado con otros gobiernos, el Gobierno iba a venir a recoger los platos rotos, poner un cheque y volverlos a nombrar, se equivocaron. Se la buscaron. El Gobierno no está haciendo ninguna gestión con Chiquita», afirmó.
La crisis de Bocas del Toro se enmarca en el paro indefinido iniciado el 23 de abril pasado por sindicatos docentes del sector público en rechazo de la Ley 462 que reformó a la Caja del Seguro Social, que se ha cumplido de manera irregular, con muchas escuelas abiertas con alumnos y maestros dando clases. EFE
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