El presidente polaco veta reforma clave de Justicia y complica el acceso a fondos de UE
Cracovia (Polonia), 19 feb (EFE).- El presidente de Polonia, el conservador Karol Nawrocki, anunció este jueves su veto a la nueva Ley del Consejo Nacional del Poder Judicial (KRS), una reforma del Gobierno liberal de Donald Tusk para restaurar la independencia judicial y mantener desbloqueados los fondos europeos.
En un vídeo publicado este jueves en la red social X, Nawrocki afirmó que no puede firmar una ley que, «bajo el pretexto de restaurar el Estado de derecho, introduce en realidad una nueva etapa de caos y abre el camino a la influencia política sobre los jueces».
La decisión presidencial mantiene el sistema diseñado por el anterior ejecutivo conservador y euroescéptico, lo que amenaza con prolongar el conflicto jurídico con Bruselas y pone en riesgo el acceso a miles de millones de euros en fondos europeos cuya entrega estaba condicionada a llevar adelante la reforma judicial.
Aunque la Unión Europea (UE) efectuó desembolsos parciales en 2024, el acceso pleno a esos fondos depende de la implementación efectiva de las reformas judiciales.
La ley que ha vetado hoy Nawrocki fue aprobada por el Parlamento y el Senado en enero pasado y buscaba revertir los cambios en el Poder Judicial introducidos en 2017 por el anterior Gobierno.
Según aquella reforma, el Parlamento polaco puede elegir a 15 de los 25 miembros del Consejo General del Poder Judicial, el órgano encargado de nombrar jueces.
La ley de Tusk proponía en cambio que esos 15 integrantes fueran elegidos directamente por la judicatura mediante voto secreto y supervisado por la Comisión Electoral.
Este cambio era importante para cumplir las exigencias de Bruselas, ya que el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) declaró ilegal el modelo actual por violar las normas de independencia judicial.
Desde que se implantó la reforma judicial de 2017, la Justicia polaca permanece en un estado de caos administrativo, con conflictos de competencias y de legalidad, ya que el Gobierno se niega a acatar las sentencias del Tribunal Constitucional y algunos jueces no reconocen la legislación común europea.
El Ejecutivo de Tusk considera que al Tribunal Constitucional ilegítimo porque fue, según él, «capturado políticamente» mediante nombramientos irregulares de jueces afines al anterior Gobierno y sin acatar las sentencias al respecto del TJUE. EFE
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