El Supremo italiano autoriza el referéndum para derogar completamente la ley de autonomía
Roma, 12 dic (EFE).- El Tribunal Supremo italiano autorizó este jueves la realización de un referéndum para la derogación total de la ley que introducirá la llamada ‘autonomía diferenciada’ en Italia, con una serie de concesiones a las regiones, y que para algunos supondrá un detrimento para el sur del país
La sentencia del Supremo se produce tras el veredicto del Tribunal Constitucional, que había considerado la ley legítima, juzgando inconstitucionales sólo algunas partes, tras su promulgación el pasado 25 de junio.
Ahora, según la Oficina Central para el referéndum del Tribunal Supremo, las bases del referéndum para la derogación total siguen en pie, incluso después de que el Constitucional destacase solo siete aspectos de ilegitimidad de la ley.
Aunque la última palabra vuelve a tenerla de nuevo el Constitucional, que debe pronunciarse antes del 20 de enero.
«Es una gran oportunidad: después de que el Constitucional haya desmantelado sustancialmente el sistema de la ley Calderoli, ahora serán los ciudadanos, si se aprueba la nueva sentencia de admisibilidad de la Consulta, quienes anularán definitivamente esta masacre y las decisiones desastrosas del Gobierno de Giorgia Meloni», dijo Marco Meloni, senador y miembro del opositor Partido Demócrata (PD) en la Comisión de Asuntos Constitucionales.
Hace unos meses se consiguieron las 500.000 firmas para poder convocar un referéndum para la abolir la polémica ley de autonomía.
En Italia hay varias vías para pedir un referéndum consultivo: puede ser con la solicitud de al menos cinco Consejos Regionales o una quinta parte de los representantes de una de las dos Cámaras legislativas (Parlamento o Senado), o bien a través de la propia ciudadanía, obteniendo un mínimo de 500.000 firmas necesarias.
La ley, también conocida por el nombre de su impulsor y ministro de Asuntos Regionales, Roberto Calderoli, miembro de la ultraderechista Liga, prevé, entre otros aspectos, que las regiones puedan establecer convenios sobre ciertas competencias con el Estado con una duración máxima de 10 años, prorrogables o revisables según la voluntad de las autoridades.
También establece un sistema para que el Estado controle la inversión que realiza en cada región, adaptada a las funciones administrativas que asuman sus gobiernos.
Aunque, en detalle, la ley no determina la transferencia real de competencias a las regiones, sino que se trata de la indicación de un camino y unas reglas que las regiones deberán seguir a la hora de negociar la atribución de poderes y prerrogativas con el Gobierno y el Parlamento.
El inicio de estos procedimientos está subordinado a la definición de los niveles esenciales de desempeño (LEP), es decir, los servicios mínimos que el Estado debe garantizar en todo su territorio en sectores fundamentales.
La definición de los LEP y su financiamiento sirve para evitar el riesgo de que se consoliden o incluso aumenten las divergencias territoriales entre las regiones más ricas y más pobres.
Las críticas de la oposición se han centrado sobre todo en este escenario, además el Banco de Italia también manifestó sus dudas sobre el impacto que una medida así podría producir en el conjunto del sistema económico y empresarial italiano, con posibles repercusiones negativas en la competitividad del país. EFE
ccg/mr/ig
