Embajador de Italia en Ecuador tilda de «terrorismo» ataque en protestas a convoy de Noboa

Quito, 29 sep (EFE).- El embajador de Italia en Ecuador, Giovanni Davoli, calificó este lunes como «acto de terrorismo» la presunta «emboscada» que manifestantes indígenas habrían cometido contra el convoy en el que viajaba el presidente Daniel Noboa rumbo a la provincia de Imbabura y en el que iba el representante italiano.

El conjunto de vehículos, según la Embajada italiana, fue atacado la noche del domingo con la intención de infligir el «máximo daño posible a sus integrantes», aunque no se registraron heridos, tras ser impactados con piedras, artefactos pirotécnicos y cócteles molotov, de acuerdo con el Ejecutivo

El funcionario italiano acompañó a Noboa, junto a otros diplomáticos, en un convoy a la provincia de Imbabura, epicentro de las protestas, con el propósito de entregar ayuda humanitaria a habitantes afectados por la crisis de desabastecimiento, derivada de los bloqueos por parte de manifestantes en las principales vías de esta jurisdicción.

Davoli recalcó que ninguna protesta política violenta puede considerarse legítima y mostró su solidaridad con el presidente Noboa y las instituciones democráticas de Ecuador, según un comunicado difundido en las redes oficiales de la Embajada de Italia.

Además del diplomático italiano y el mandatario, en el convoy viajaban los ministros del Interior, John Reimberg, y de Defensa, Gian Carlo Loffredo; el nuncio apostólico, Andrés Carrascosa; la embajadora de la Unión Europea (UE), Jekaterina Doródnova, y la coordinadora residente de la ONU en Ecuador, Laura Melo.

El ataque al convoy militar con Noboa y los embajadores se dio pocas horas después de que en la misma provincia de Imbabura se registrara el primer manifestante fallecido en estas protestas, tras ser alcanzado por disparos de las Fuerzas Armadas que intentaban desbloquear uno de los puntos interrumpidos.

«Esta comitiva fue recibida por violentos que no representan a los ecuatorianos, fueron agredidos con bombas molotov, piedras, voladores y obstáculos en la vía para impedir que la ayuda llegue a la población de Imbabura», declaró la portavoz de Presidencia, Carolina Jaramillo.

La semana pasada, cuando comenzaron las movilizaciones, el Gobierno catalogó algunos actos vandálicos durante las marchas como «actos terroristas disfrazados de protesta social».

Rechazo de la Conaie

El presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (Conaie), Marlon Vargas, reiteró este lunes que ellos no son «terroristas» y que no están «financiados por la mafia», en respuesta al discurso del Gobierno, que acusa a manifestantes de perpetrar actos de «terrorismo» durante los ocho días de protestas que se han intensificado en Imbabura.

«El verdadero terror lo ha impuesto el Gobierno con su represión contra el pueblo», anotó Vargas en una rueda de prensa.

Además, el dirigente indígena dijo desconocer sobre la retención de militares que denuncia el Gobierno. «Nosotros no somos pueblos que secuestramos. Eso es solamente un invento para ingresar al territorio, asesinar y fusilar», denunció.

Este lunes, el Gobierno ratificó que no dará marcha atrás a la eliminación del subsidio al diésel, detonante de las protestas, y la Conaie dijo que no dará «ni un paso atrás» en las protestas.

La principal causa de las protestas convocadas por la Conaie fue la eliminación del subsidio al diésel decretada por Noboa, lo que hizo que el precio de este combustible pasara de la noche a la mañana de 1,80 a más de 2,80 dólares por galón (3,78 litros), una medida con la que el Gobierno espera ahorrar 1.100 millones de dólares al año para destinarlo a protección social e incentivos productivos.

Además del manifestante fallecido, las protestas, que comenzaron el 22 de septiembre, registran también 48 heridos y más de cien detenidos, entre ellos una docena que fue enviada a prisión preventiva, tras ser imputados por terrorismo por parte de la Fiscalía, de acuerdo con la alianza de organizaciones de derechos humanos.

El movimiento indígena ya lideró en 2019 y 2022 las masivas protestas que llevaron a los presidentes Lenín Moreno (2017-2021) y Guillermo Lasso (2021-2023) a dar marcha a atrás cuando también quisieron eliminar las subvenciones estatales a los combustibles para cumplir con las metas de ajuste fiscal de los programas crediticios firmados con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

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