España se opone a la ley europea contra tráfico de migrantes por la cláusula humanitaria
Bruselas, 13 dic (EFE).- España votó este viernes en contra de la directiva que fijará unas normas mínimas para prevenir y combatir el tráfico ilícito de migrantes por no dar el suficiente peso a una cláusula humanitaria para evitar que la asistencia que llevan a cabo las ONG pueda ser penalizada.
Los ministros de Justicia de la Unión Europea llegaron hoy a un acuerdo sobre esa normativa y fijaron su posición con vistas a las negociaciones que mantendrán después con el Parlamento Europeo, colegislador en ese ámbito.
España fue el único país que se opuso a la legislación aunque también Alemania y Portugal subrayaron la necesidad de dejar claro en la legislación que la ayuda humanitaria no debe ser penalizada.
El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, dijo durante un debate público en el Consejo que España cree que el trabajo realizado «es positivo» pero insistió en que quiere que la cláusula humanitaria se incorpore al articulado de la legislación porque «el mensaje político que se lanza llevándolo a los considerandos puede ser preocupante».
«La posición de España es que se lleve al articulado, lo que tiene sentido por la práctica jurídica y el mensaje político que queremos trasladar», insistió el ministro.
La cláusula humanitaria tiene por objetivo especificar que cierta asistencia a los migrantes irregulares, en particular la ayuda a familiares cercanos o el apoyo para satisfacer necesidades básicas, no puede calificarse como delito penal de tráfico ilícito de migrantes.
Al haber mantenido la cláusula en los considerandos, los Estados miembros podrán decidir cómo abordar esta cuestión en su legislación nacional.
Durante el debate, Alemania apoyó a España en la necesidad de aclarar que «el objetivo de la directiva no es que la ayuda humanitaria sea un delito» y confió en que el debate con el Parlamento Europeo se desarrolle con un espíritu «abierto y positivo».
También Portugal insistió en que «tendrá que quedar claro siempre que si se presta auxilio por razones humanitarias, esto no pueda ser delito».
Hungría, que este semestre preside el Consejo de la UE, dijo haber «tomado nota» de las «preocupaciones expresadas por los países» y añadió que «habrá que lidiar» con ellas y subrayó que este no es «el texto final».
El objetivo de esta propuesta es aproximar la legislación penal de los Estados miembros en cuestiones como la definición y la sanción del tráfico ilícito de migrantes.
La ley sustituiría al actual marco jurídico de la UE, que data de 2002.
Sobre el delito de tráfico ilícito de migrantes, establece que los Estados miembros deben garantizar que, en su legislación nacional, el hecho de ayudar intencionadamente a un nacional de un tercer país a entrar, transitar o permanecer en el territorio de cualquiera de los Estados miembros de la Unión Europea a cambio de un beneficio económico o material es un delito penal.
En cuanto a las sanciones, la normativa establece que los países deben adoptar medidas para que el delito de tráfico ilícito de migrantes conlleve una pena máxima de prisión de al menos tres años.
Esas penas máximas deberían ampliarse a al menos ocho años cuando los traficantes actúen como parte de una organización criminal o cuando utilicen una violencia grave contra los migrantes.
Si concurriera la muerte de un migrante, la pena máxima de prisión debería ser de al menos diez años, establece la futura legislación.
No obstante, los Estados miembros podrán decidir imponer penas máximas superiores.
El texto también establece normas sobre las sanciones que se aplican a las personas jurídicas: un porcentaje del volumen de negocio total o una cantidad fija, de hasta 40 millones de euros. EFE
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