España evitó un análisis europeo más severo del gasto público por no deflactar el IRPF
Bruselas, 5 mar (EFE).- Un cambio en la metodología de la Comisión Europea para evaluar la evolución del gasto público benefició a España gracias a su decisión no ajustar el IRPF a la inflación y evitó que el riesgo de incumplimiento del que advirtió fuese un grado más severo, según explica la Junta Fiscal Europea en un informe publicado este jueves.
El Ejecutivo comunitario concluyó en noviembre que España superaría el techo de gasto del 3,5 % recomendado para 2026 pero sin superar un desvío de tres décimas, el límite permitido para un año concreto.
Sin embargo, la Junta Fiscal europea señala en su informe que, con la metodología que Bruselas utilizaba hasta el otoño de 2024, y que tenía en cuenta individualmente la decisión que cada país tomase con respecto a la actualización de los tipos del IRPF, el desvío superaría este umbral.
La razón es que hasta el cambio, los ingresos extraordinarios por la no deflactación de los tramos del IRPF estaban considerados como gasto «no discrecional» y por tanto se restaban de la fórmula para calcular la evolución del gasto público neto.
En cambio, la nueva interpretación del Ejecutivo comunitario considera como «discrecionales», o estructurales, estos ingresos adicionales que se obtienen por la inflación y la decisión de no ajustar los tipos, otorgando así un mayor margen de gasto público.
La principal consecuencia es que, en lugar de situar a España «en riesgo de incumplimiento» de las reglas fiscales, como hizo en noviembre, la Comisión Europea habría catalogado al país como «en riesgo material de incumplimiento» siguiendo su antiguo método, un nivel más en el grado de advertencias que contemplan las reglas fiscales.
Se trata simplemente, sin embargo, de un aviso sobre la potencial evolución de las cuentas públicas de cada país, puesto que no tendría consecuencias hasta que el ejercicio bajo análisis haya cerrado efectivamente con el desvío estimado.
Además, Bruselas también tiene en cuenta el desvío acumulado en varios años y España, según la evaluación, tampoco supera el umbral del 0,6 % que recogen las normas.
Antes del otoño de 2024 el análisis de Bruselas partía de un enfoque «país por país» en el que, al evaluar los ingresos públicos, tenía en cuenta la decisión individual de cada uno de ellos sobre si actualizar o no con la evolución de los precios los tramos impositivos en sus impuestos sobre la renta.
El «importante cambio metodológico» a partir de entonces, en cambio, asume que «todos los Estados miembros indexan» los tramos de los tipos impositivos de sus IRPF a la tasa de inflación, aunque «en la práctica sólo unos pocos Estados miembros» lo hacen.
«El cambio en la asunción de la Comisión implica una estimación de ingresos públicos discrecionales más elevada cuando los tramos impositivos no se ajustan como norma, que a su vez mejora la lectura del indicador de gasto neto en el año en el que el país no los ajusta», explica la Junta Fiscal Europea.
En consecuencia, este organismo señala que «el reciente cambio metodológico premia a los países que aplican una indexación irregular o no la aplican, comparada con la metodología anterior».
Para la mayoría de los países, el efecto del «arrastre fiscal» en el cumplimiento de las reglas fiscales es «insignificante» para el periodo 2025-2026 y «no tiene implicaciones» en el análisis de la Comisión, pero sí que genera ciertos cambios en cuatro casos: el de España y los de Italia, Irlanda y Chipre, aunque con efectos contrarios.
En el caso de Irlanda y Chipre, la nueva metodología deriva en un gasto público mayor que el calculado con la antigua interpretación, pero ambos países registraron superávit presupuestario, por lo que no resultó en ninguna advertencia por parte de la Comisión.
Por contra, el caso de Italia y de España «son diferentes», puesto que la nueva metodología implica un desvío menor que el que hubiera resultado de una «interpretación convencional».
En el caso de España, este análisis de la Comisión Europea se basa en un escenario sin cambios de política económica, puesto que el Gobierno no remitió a la capital europea un proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE). EFE
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