Estado de El Salvador incumple fallo de Corte Suprema sobre ley de amnistía, dice experto

San Salvador, 23 jul (EFE).- El Gobierno, la Asamblea Legislativa y el Órgano Judicial de El Salvador incumplieron una sentencia de 2016 de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema, que declaró inconstitucional una ley de amnistía de 1993, dijo el martes a EFE el defensor de derechos humanos David Morales.

La referida sentencia anuló la amnistía general dada por el Congreso pocos días antes de conocerse en 1993 el Informe de la Comisión de la Verdad de la ONU, que dio cuenta de los crímenes de lesa humanidad cometidos en el conflicto interno (1980-1992), y que bloqueó por décadas los procesos penales.

De acuerdo con Morales, dicha ley «favorecía a criminales de guerra» y la sentencia que la expulsó de la legislación salvadoreña estableció también «obligaciones concretas para los diferentes órganos del Estado».

«Las obligaciones emanadas de esta sentencia han sido incumplidas absolutamente», sostuvo Morales y apuntó que entre estos incumplimientos destaca que el Congreso se ha negado a aprobar una ley de justicia transicional a favor de las víctimas y sus familias.

Esto, añadió, «pese a que víctimas de diferentes comités y asociaciones de todo el país y organizaciones de derechos humanos han presentado en dos ocasiones propuestas muy elaboradas y completas».

«La actual legislatura, de manera arbitraria y sin fundamentos válidos, archivó la última de las propuestas presentadas por las víctimas y organizaciones», lamentó el experto.

Dijo que «el Gobierno también ha incumplido su obligación de establecer un amplió programa nacional de reparaciones».

«El Gobierno anterior del presidente Nayib Bukele y ahora en su actual presidencia inconstitucional se han caracterizado por el retroceso, el debilitamiento o abandono en ocasiones de los pocos programas de reparación que se habrían creado en Gobiernos anteriores», acotó el exprocurador de Derechos Humanos.

Sobre el sistema judicial, dijo que, «tampoco hay Justicia para las víctimas», dado que «los procesos están estancados» y la Fiscalía «no ha judicializado ni concluido investigaciones» en más de 200 expedientes abiertos.

«Ha adoptado criterios que lo han llevado a omitir la investigación de la cadena de mando, sobre todo de la Fuerza Armada, que llevaran a establecer los máximos niveles de responsabilidad», sostuvo.

Agregó que «el golpe al Poder Judicial que el bukelismo promovió en 2021 llegó a afectar un caso tan emblemático como la masacre de El Mozote», que estaba cerca de pasar a juicio hasta que fue destituido el juez que reabrió el proceso.

«El caso se encuentra congelado», denunció Morales y criticó que no se ha avanzado a la etapa plenaria del proceso por la masacre de unos 1.000 civiles en El Mozote, «pese a la enorme prueba que existe» y por acciones dilatorias de la nueva jueza.

Entre 1980 y 1992, el grupo guerrillero Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) se enfrentó al Ejército de El Salvador, financiado por Estados Unidos, en un conflicto que en 12 años dejó 75.000 muertos y 8.000 desaparecidos.

Recientemente El Salvador recibió dos condenas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por crímenes de lesa humanidad cometidos en el contexto de la guerra civil.EFE

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