Expresidente Quiroga dice que la justicia boliviana debe procesar a Rodríguez Zapatero
La Paz, 1 jul (EFE).- El exmandatario boliviano Jorge Tuto Quiroga afirmó este miércoles que la Justicia local debe procesar al expresidente del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero por su presunta influencia en Bolivia a favor de la empresa peruana Grupo Gloria, a cambio de 200.000 euros.
Quiroga (2001-2002) dijo a los medios que «es hora de que la Justicia (boliviana) actúe con prontitud» en este caso y también consideró que el tema en el que presuntamente está inmerso Rodríguez Zapatero «ya no es económico», sino «penal».
El también líder de Libre, la principal fuerza opositora en el Parlamento boliviano, tildó de «ratero» al exmandatario español y señaló que a los casos que afronta en España se suma el «robo» en la región boliviana de Chuquisaca, donde está radicada la empresa estatal Fábrica Nacional de Cementos (Fancesa), afectada en este caso.
Según Quiroga, Rodríguez Zapatero «siempre ha sido el canciller servil» del depuesto presidente venezolano Nicolás Maduro y del exmandatario boliviano Evo Morales (2006-2019).
«Y resulta que ahora este ratero estaba acá para robarle a los bolivianos y los chuquisaqueños. Se tiene que hacer justicia en ese tema», remarcó.
La semana pasada se conoció un informe de la Unidad de Delitos Económicos y Financieros (UDEF) de la Policía Nacional de España, que sostiene que Rodríguez Zapatero participó en una «dinámica de intermediación e influencias» con autoridades de Bolivia orientada a «beneficiar los intereses» del Grupo Gloria, «mediando una contraprestación económica de 200.000 euros».
El informe incluye conversaciones de WhatsApp entre Zapatero y su secretaria, Gertrudis Alcázar, así como varias agendas del expresidente que han servido para apuntalar la última acusación del caso Plus Ultra, en el que se le investiga por el posible cobro de comisiones por su influencia en el rescate de esa aerolínea.
En el reporte aparecen figuras destacadas del Gobierno de Bolivia entre 2020 y 2025, incluidos el expresidente Luis Arce (2020-2025), tres de sus ministros, el entonces procurador boliviano Ricardo Condori y la exembajadora de Bolivia en España entre 2007 y 2015, Carmen Almendras.
El caso en Bolivia involucra a la Sociedad Boliviana de Cemento (Soboce) en una disputa legal desde 2010 con Fancesa por la tenencia de acciones que permitirían a la primera empresa ampliar sus plantas regionales, lo que fue denunciado por la segunda como un caso de presunta competencia desleal.
Desde 2014, el caso involucró también al grupo peruano Gloria, actual accionista mayoritario de Soboce, que reclama una compensación por la reversión de esas acciones y mantiene litigios contra el Estado boliviano.
El expresidente Arce, quien está encarcelado preventivamente desde diciembre de 2025 por un caso de supuesta corrupción, negó estar involucrado «en ningún caso de tráfico de influencias» en favor de Soboce.
Recientemente, tras conocerse el informe de UDEF, el Tribunal Supremo de Justicia de Bolivia (TSJ) ratificó una sentencia de 2025 que obliga a Soboce a pagar a Fancesa una compensación por más de 74,4 millones de dólares. EFE
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