Fiscalía asegura que ley promulgada por gobierno de Perú «lesiona gravemente» su autonomía

Lima, 11 dic (EFE).- Una nueva ley que obliga a los jueces y fiscales peruanos a encarcelar a las personas detenidas en flagrancia por delitos graves «lesiona gravemente la autonomía del Ministerio Público y la independencia de los magistrados del Poder Judicial», afirmó este miércoles la Fiscalía de Perú.

El vocero principal del Ministerio Público, Víctor Cubas, señaló en declaraciones al Canal N de televisión que, al imponer sanciones penales para los magistrados que no acaten esta disposición, se «tiende a criminalizar la función fiscal y judicial» en su país.

«No contribuye en nada en la lucha contra la criminalidad organizada, contra la delincuencia común, contra la corrupción», remarcó.

Cubas remarcó que la prisión preventiva ya está regulada por la ley y que, para solicitarla, un fiscal debe reunir elementos como el pronóstico de pena, que debe ser superior a los 5 años, elementos probatorios de un delito y el peligro procesal.

«Hasta ese punto es suficiente la regulación, que haya casos aislados en los que no se ha dado cumplimiento estricto a eso, se puede determinar la responsabilidad», sostuvo.

El vocero agregó que la «ley es contradictoria en sí misma», ya que los casos de flagrancia «son generalmente de delitos menores».

«No caen en flagrancia los casos de criminalidad organizada; entonces, pretender que un fiscal deba pedir la prisión preventiva de todo aquel que cae en flagrancia es contradictorio en sí», aseguró.

La nueva norma, que fue aprobada por el Congreso y publicada este miércoles en el diario oficial con la firma de la presidenta de Perú, Dina Boluarte, modifica las leyes de la carrera fiscal y judicial, el nuevo código procesal penal y el código penal «para optimizar la administración de justicia en la lucha contra el crimen organizado».

En ese sentido, considera como una «falta muy grave» que un fiscal o un juez ordene la libertad de personas detenidas en flagrancia por la Policía o por arresto ciudadano por la comisión de delitos con penas de cárcel mayores a cinco años.

Establece que el juez o el fiscal que tome esa medida «será reprimido con pena privativa de libertad no menor de ocho ni mayor de doce años».

El Gobierno peruano también promulgó este miércoles una ley que modifica el Código Penal para prohibir que los policías puedan ser detenidos preliminar o preventivamente después de haber hecho uso de sus armas o medios de defensa en forma reglamentaria y causar una lesión o muerte.

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