Fiscalía de Panamá presenta al Parlamento proyectos de ley para castigar más la corrupción

Ciudad de Panamá, 24 jul (EFE).- El fiscal general de Panamá, Luis Carlos Gómez, presentó este jueves ante el Parlamento dos anteproyectos de ley que endurecen los delitos por corrupción con especial énfasis en aquellos que atenten contra la administración pública.

«La corrupción (…) no constituye una amenaza abstracta ni tampoco una realidad que sea distante, es un cáncer que corroe los cimientos del Estado de derecho. En definitiva, socava la legitimación de nuestras instituciones y erosiona la confianza de la ciudadanía dentro de ese contrato social», dijo el fiscal general ante los diputados.

En concreto, un anteproyecto crea la «ley general anticorrupción, que modifica el código procesal penal y otras disposiciones» mientras que otro propone incluir en el código penal un aumento de las penas relacionadas a delitos de corrupción, que hasta ahora -por ejemplo- eran de 12 años para los condenados por lavado de dinero.

«Ambos proyectos persiguen un mismo objetivo, poder combatir el flagelo de la corrupción desde un enfoque de naturaleza integral, donde se realicen ajustes de aspectos sustantivos y procesales dentro de nuestro ordenamiento jurídico», explicó.

Ambos planteamientos deben pasar los tres debates obligatorios en el hemiciclo para luego ser sancionado por el presidente del país, José Raúl Mulino, y finalmente incluirse en la gaceta oficial (boletín).

Ley general anticorrupción

La propuesta que crea una «ley general anticorrupción» establece un «marco integral de investigación y enjuciamiento, incluyendo la restitución y recuperación de activos, los delitos contra la administración pública, blanqueo de capitales derivados de los mismos», según el documento al que EFE tuvo acceso.

Además se incluye «toda conducta delictiva que se realice en perjuicio del Estado, con especial énfasis en la protección del patrimonio estatal, la aplicación de técnicas especiales de investigación (…) y la cooperación internacional».

Así determina el «deber» de toda institución pública de denunciar la corrupción, un llamado que el presidente panameño ha hecho a los diferentes ministerios y otros organismos estatales desde su entrada al poder en junio de 2024.

La Fiscalía podrá «aprehender» provisionalmente los bienes mientras dure la investigación toda vez que esa medida puede ser «sometida a control judicial dentro de los 10 días siguientes a su ejecución» así como el fiscal podrá realizar investigaciones.

También «reservar» parcial o totalmente las informaciones, resoluciones, actuaciones o seguimiento si considera que hacerlo público entorpece las investigaciones, y realizar «operaciones encubiertas», vigilancia y seguimiento. El proyecto de ley, que mantiene la figura de los «acuerdos de pena», acoge las «entregadas vigiladas» en caso de «remesas sospechosas».

Y da medidas de protección a los colaboradores que denuncien actos de corrupción; se establece la cooperación internacional y el «destino» de los bienes decomisados hacia los organismos de investigación del estado.

En cuanto al inicio de las investigaciones, se establece que «todos los delitos a los que se refiere la presente Ley, sin excepción, pueden iniciarse de oficio, por denuncia o querella, y son independientes de las responsabilidades patrimoniales o administrativas que se ventilen en otras jurisdicciones».

«El propósito es claro y firme, cerrar todas aquellas brechas que de una u otra forma permiten que la corrupción evolucione y que se adapte con mayor rapidez dentro de las capacidades institucionales que están llamadas a poder combatir este flagelo», declaró el fiscal.

Aumento de las penas por corrupción

El fiscal general también propuso un anteproyecto de ley «relativo a reformas a normas del Código Penal, específicamente en delitos contra la administración pública, que tiene como objetivo poder incrementar penas» por corrupción, aunque no especificó el aumento.

Con ello se procurará sancionar «a todos aquellos que desde posiciones de poder o autoridad incurran en prácticas corruptas» como «sobornos de funcionarios públicos, abuso de autoridad, pagos ilícitos, tráfico de influencias» o «fraude en contrataciones públicas», detalló.

La corrupción es uno de los principales problemas de Panamá, país que marca altos puntuajes en índices anticorrupción internacionales. Además, expresidentes, exministros u otros exfuncionarios están involucrados o ya han sido condenados por lavado de dinero público, inclusive a través de licitaciones. EFE

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