Fiscalía de Panamá investiga muerte de niña cuyos padres decidieron llevarla a curandero

Ciudad de Panamá, 15 ago (EFE).- El Ministerio Público (MP, Fiscalía) informó este viernes que ha comenzado de oficio una investigación por el caso de la muerte de una niña cuyos padres se negaron a hospitalizar y la pusieron al cuidado de un curandero.

Esta indagación relacionada al fallecimiento de la menor de cinco meses de edad fue iniciada el 10 de agosto pasado por la Fiscalía, en coordinación con la personería municipal (representación local del MP) de la provincia central de Veraguas, dijo en su cuenta de X la entidad investigadora.

«Con esta investigación se pretende determinar las causas de dicho fallecimiento y la responsabilidad o no de terceras personas», señaló la fiscalía, que reafirmó su compromiso con la protección de los derechos de la niñez y continuar trabajando para «esclarecer los hechos y garantizar justicia».

El Ministerio de Salud (Minsa) informó el pasado 12 de agosto que una niña falleció en la comunidad de Pandura de la provincia interior de Veraguas, luego de acudir a un centro de salud con vómito y diarrea donde se le notificó a los padres que debía ser canalizada – aplicación vía intravenosa – y permanecer en observación, pero que el padre se negó y se retiraron del centro de salud sin firmar «el relevo de responsabilidad».

«El padre indica que no se podía canalizar (a la paciente), ya que la menor había sido atendida por un curandero, estaba ojeada y no se le podía puyar. Se les solicitó seguir las indicaciones médicas, sin poder convencerlo», indicó la cartera de Salud.

La Defensoría del Pueblo de Panamá pidió el jueves pasado a la Fiscalía investigar de forma exhaustiva y ejercer las acciones legales por el caso de la muerte de una niña cuyos padres se negaron a hospitalizar y la dieron a cuidar a un curandero.

En un comunicado, la Defensoría recuerda que la ley panameña establece que en casos que lo ameriten y ante la negativa de padres o tutores «el servicio de salud debe activar de inmediato a la Policía de Niñez y Adolescencia y adoptar todas las medidas necesarias para preservar el derecho a la vida» del menor.

La ley también reconoce a los padres, madres y tutores como primeros responsables de la salud y bienestar de sus hijos, dijo la Defensoría en un comunicado, en el que destacó que «este deber no es opcional ni puede ser sustituido por creencias, costumbres o prácticas contrarias a la preservación de la vida».

Es así que la «omisión de auxilio, el rechazo injustificado a la atención médica o el permitir que se exponga a una niña a prácticas sin respaldo científico, constituyen conductas que pueden acarrear responsabilidad penal». EFE

fa/rao/enb