Fiscalía de Perú investiga la suspendida reducción de la reserva de las Líneas de Nazca

Lima, 3 jul (EFE).- La Fiscalía de Perú abrió este jueves una investigación preliminar contra el alcalde de Nazca y dos funcionarios estatales por la reducción del área de protección de las Líneas y Geoglifos de Nazca y Palpa, medida que fue anulada en junio tras la ola de críticas hacia el Ministerio de Cultura por proponerla.

El Ministerio Público investiga le presunta comisión de los delitos de atentado contra monumentos arqueológicos, omisión de deberes de funcionarios públicos y abuso de autoridad en agravio del Estado, en este caso supuestamente perpetrados contra los sitios de las Líneas y Geoglifos de Nazca y Palpa, ubicados en el desierto de la región sureña de Ica, declarados Patrimonio Mundial por la Unesco desde 1993 y que comprenden un área reservada de 5.633,47 kilómetros cuadrados.

La pesquisa está dirigida contra el alcalde provincial de Nazca, William Bravo; la responsable de la Dirección Desconcentrada de Cultura de Ica, Jeanette Gutiérrez, y el responsable del Sistema de Gestión Nazca-Palpa de la Dirección Desconcentrada de Cultura de Ica, Johny Isla.

El motibvo de esta actuación de la fiscalía es que una resolución emitida por la Dirección Desconcentrada de Cultura de Ica redujo esa área reservada a 3.235 kilómetros cuadrados, lo que dejó «desprotegidos más de 2.000 kilómetros con más de 100 sitios arqueológicos de interés nacional», precisó el fiscal a cargo, José Meléndez, en su indagación inicial.

«La reducción habría sido irregular, sin cumplir requisitos reglamentarios y habría favorecido intereses mineros para operar en las zonas afectadas, así como al tráfico de terrenos», sostuvo una nota de prensa de la Fiscalía.

No obstante, el Ministerio de Cultura ya había dejado sin efecto la mencionada resolución, en junio pasado, después de la polémica y el rechazo de los especialistas por la reducción del área original de protección de las Líneas de Nazca, uno de los principales destinos turísticos del país.

El Ministerio Público recordó este jueves que otros funcionarios del Ministerio de Cultura, incluyendo al ministro Fabricio Valencia, están siendo investigados por este tema por la Fiscalía Superior Penal Gestor de la Segunda Fiscalía Coordinadora Penal de Santiago de Surco – Barranco, que realiza funciones adicionales como coordinador nacional en Delitos contra el Patrimonio Cultural de Lima.

Asimismo, por la complejidad del caso, este también ha sido derivado a la Fiscalía Corporativa de Corrupción de Funcionarios de Ica, donde se investigan los hechos por el delito de cohecho activo propio.

En mayo, el ministro dijo que en el área liberada se podrían realizar «diferentes actividades», en algunos casos con previa autorización de su ministerio.

Días después, Valencia reconoció la presencia de la minería ilegal dentro de la reserva, pero reiteró que la medida que habían tomado «no significa que se potencie, ni que la probabilidad de que alguna afectación por minería informal aumente», en momentos que el gobierno peruano afronta una lucha frontal contra la minería ilegal en otras regiones del país.

La Reserva Arqueológica de las Líneas y Geoglifos de Nazca fue declarada mediante un resolución del 26 de julio de 1993 y la posterior resolución del 13 de agosto de 2004 precisó que abarcaba un área de 5.633,47 kilómetros cuadrados. EFE

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