Gobierno de Bolivia dice que no prohibió atención y certificación médica a Evo Morales

La Paz, 20 ene (EFE).- La ministra boliviana de Salud, María Renée Castro, dijo este lunes que su despacho no prohibió la atención y certificación médica al expresidente Evo Morales (2006-2019), algo que el político necesitaba para justificar su inasistencia en dos ocasiones a una audiencia por un caso de trata agravada de personas.

«Desmentimos que se haya emitido instrucciones que impliquen negar atención a ninguna persona que lo necesite, sus aseveraciones (de Morales) ponen en duda la ética y profesionalidad de los médicos de nuestro país», escribió Castro en sus redes sociales.

La ministra pidió al expresidente «no politizar» la salud y «asumir» como todo ciudadano boliviano su responsabilidad ante la Justicia en lugar de «desviar la atención sobre su situación legal».

Morales fue citado a comparecer dos veces la semana pasada ante un juzgado en la región sureña de Tarija, con la finalidad de responder a la acusación de trata agravada de personas por la supuesta relación que tuvo con una menor de edad con la presuntamente tuvo un hijo en 2016, mientras ejercía la Presidencia de Bolivia.

La defensa de Morales presentó el martes un certificado médico que indicó que padecía una bronconeumonía, por lo que debía guardar «reposo absoluto», por lo que el juez Nelson Rocabado aplazó la audiencia con la condición de que el exmandatario demostrara su enfermedad en 48 horas.

La certificación de la salud de Morales no se entregó en ese tiempo y el juez lo declaró en «rebeldía». Además dictó la emisión de una orden de captura junto a la anotación preventiva de sus bienes y el congelamiento de sus cuentas bancarias.

El exmandatario denunció el domingo, durante su programa en la emisora cocalera Kawsachun Coca que tuvo que recurrir a varios médicos, quienes le indicaron que el Ministerio de Salud les había «prohibido» hacerle estudios y emitir certificados.

También señaló que consultó a un médico privado que le hizo una valoración y le entregó una certificación, pero que se enteró que fue despedido de su trabajo.

El exgobernante consideró esto como «un verdadero abuso y una violación de derechos fundamentales», pese a que Castro ya había señalado el domingo que esas acusaciones eran «falsas y malintencionadas».

El exgobernante permanece desde octubre en el Trópico de Cochabamba (centro), su principal bastión político y sindical, bajo custodia de sus seguidores ante la posibilidad de que la Policía ejecute la orden de aprehensión.

Asimismo, sostiene que el proceso por trata agravada de personas es «político» y para «eliminarlo» de la carrera presidencial de cara a los comicios generales que deben realizarse este año.

Morales insiste en que está habilitado para ser candidato, pese a que una sentencia del Tribunal Constitucional de finales de 2023 declaró que la reelección en Bolivia se aplica «por una sola vez» de forma continua o discontinua, y que fue refrendada por un fallo constitucional en 2024.

Esto afecta los planes de Morales, quien gobernó Bolivia en tres ocasiones (2006-2009, 2010-2014 y 2015-2019).

Morales y el presidente Luis Arce están distanciados desde finales de 2021, por diferencias en el manejo del Ejecutivo y del oficialista Movimiento al Socialismo (MAS).EFE

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