
Grecia se pone mañana en huelga contra la ampliación de la jornada laboral a 13 horas
Atenas, 30 sep (EFE).- Grecia vive este miércoles una huelga general de 24 horas convocada por los principales sindicatos del país para exigir al Gobierno conservador que retire un proyecto de ley que extiende la jornada laboral hasta un máximo de 13 horas diarias para un mismo empleador.
Atenas amanecerá sin servicios de metro ni trenes de cercanías, ya que los trabajadores de los medios de transporte públicos han decidido sumarse a la huelga.
Los buses y tranvías funcionarán desde las 09.00 hasta las 21.00 (local), mientras que el metro realizará itinerarios solo durante algunas horas de la mañana y el mediodía para facilitar el traslado de personas en las manifestaciones en el centro de la capital.
Todos los ferris y barcos de pasajeros permanecerán amarrados en los puertos, ya que a la movilización se han sumado también los marineros.
Eso sí, los vuelos se realizarán con normalidad después de que un tribunal declarara este martes como ilegal el paro convocado por los controladores aéreos.
«Decimos ‘no’ a la jornada laboral de 13 horas. El agotamiento no es desarrollo, la resistencia humana tiene límites. Decimos ‘no’ a la fragmentación del tiempo de ocio», señaló GSEE, el principal sindicato griego del sector privado, en su convocatoria a la huelga.
El sindicato pide además dar de nuevo la posibilidad a todos los trabajadores del sector privado a negociar contratos colectivos laborales con los empleadores, algo que se prohibió durante la crisis financiera y de deuda soberana que sufrió el país entre 2010 y 2018.
El proyecto de ley, que se espera sea sometido a votación a finales de octubre, extiende la jornada laboral hasta 13 horas diarias en el mismo empleador, por la que los trabajadores recibirán una bonificación del 40 % por hora extra trabajada.
El Gobierno del primer ministro Kyriakos Mitsotakis destaca que pese a la extensión a 13 horas se mantiene el límite máximo de 48 horas semanales y de 150 horas extra anuales.
De hecho, el Ejecutivo califica el proyecto de ley como una «modernización» y «adaptación a las necesidades laborales y empresariales actuales».
Por su parte, los sindicatos han acusado al Gobierno de retroceder al país a una «época medieval» en cuanto a los derechos laborales. EFE
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