Guatemala sin definir sobre comisión de ONU pese a caso de corrupción en sistema tributario

El presidente de Guatemala, Otto Pérez, gesticula durante una conferencia de prensa realizada en la residencia presidencial, el 17 de abril de 2015 en Ciudad de Guatemala afp_tickers

El presidente de Guatemala, Otto Pérez, dijo este viernes que aún no ha decidido sobre la continuidad de la misión de la ONU contra la impunidad en el país, a pesar de su papel clave para desarticular esta semana una mafia en el sistema tributario.

Pérez debe decidir antes de setiembre si prolonga el mandato de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), un ente de la ONU que desde hace 8 años trabaja para sanear el corrupto sistema judicial guatemalteco, pero se ha mantenido reacio a pedir la prórroga, argumentando que el organismo ya cumplió su misión.

El presidente dijo a periodistas que el golpe acertado el jueves, con apoyo de la Cicig, contra una red dedicada a cobrar sobornos en las aduanas, con participación de altos funcionarios de gobierno, es «un punto positivo» para la comisión.

Sin embargo, aclaró que tomará una decisión después de recibir el dictamen de un grupo que evalúa la continuidad del ente.

«Obviamente esto (la desarticulación de la Cicig) no lo puedo dejar yo por un lado en el momento que esté haciendo el análisis que me presente la comisión, que ustedes ya saben, está estudiando el papel que la Cicig ha hecho en nuestro país», refirió el gobernante.

Activistas de derechos humanos y organismos internacionales señalan que la participación de la Cicig en el caso de corrupción en las aduanas consolida la necesidad de que continúe y «pone cuesta arriba» la negativa presidencial.

Tras una investigación de la fiscalía y la Cicig, el jueves fueron capturados Omar Franco, jefe de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) -ente recaudador de impuestos de Guatemala-, y su antecesor Carlos Muñoz, acusados de integrar la estructura que cobraba sobornos en las aduanas.

Adicionalmente fueron detenidas 18 personas, entre ellas otros altos cargos de la SAT, y se emitió una orden de captura contra Juan Carlos Monzón, secretario privado de la vicepresidente Roxana Baldetti, señalado como uno de los principales operadores de la banda.

Pérez indicó que Monzón se encontraba con Baldetti en Corea del Sur y que éste le había manifestado a la vicepresidente su intención de regresar a Guatemala para enfrentar la acusación, aunque Monzón ya fue destituido de su cargo.