HRW: Eritrea castigó a las familias de miles de evasores del servicio militar

Nairobi, 9 feb (EFE).- El Gobierno de Eritrea castigó a las familias de miles de civiles que intentaron evadir el servicio militar obligatorio, represalias que se intensificaron durante la guerra en el norte de Etiopía, donde las tropas eritreas colaboraron con el Ejército etíope, denunció hoy Human Rights Watch (HRW).

«Desde septiembre de 2022, cuando las fuerzas armadas de Etiopía y Eritrea llevaron a cabo ofensivas conjuntas en la región de Tigré, el Gobierno eritreo ha aumentado su represión, castigando a los familiares de los que intentaron evitar el servicio militar obligatorio», señaló HRW en un informe publicado este jueves.

Según esta organización pro derechos humanos, los castigos incluían «detenciones arbitrarias y expulsiones domiciliarias».

La subdirectora para África de HRW, Laetitia Bader, aseguró que estas medidas sirvieron a Eritrea para aumentar las filas de su Ejército, «cada vez más reducidas».

Esto ocurrió a pesar de que Eritrea extendió indefinidamente el servicio nacional obligatorio de 18 meses durante su guerra con Etiopía (1998-2001), obligando a que todos los civiles mayores de edad y menores de cuarenta años estén disponibles para trabajar para el Estado, ya sea como civil o militar.

Así, de acuerdo con HRW, Eritrea recluta «por la fuerza» a miles de jóvenes cada año -incluidos menores de edad- para recibir entrenamientos militares antes de que terminen sus estudios.

Una vez en el Ejército, además, muchos de ellos «corren el riesgo de sufrir abusos sistemáticos, como torturas, duras condiciones de trabajo y salarios insuficientes para mantener a una familia, lo que constituye trabajo forzoso ilegal», añadió esta ONG.

Por razones de seguridad, HRW no entrevistó a civiles dentro de Eritrea, sino que habló con eritreos que huyeron del país.

Uno de esos testigos dijo que una mujer de 71 años fue desalojada de su casa en Asmara por no poder confirmar el paradero de uno de sus hijos, buscado por las autoridades.

«Nunca habíamos visto antes esta confiscación de viviendas. Es un acto de desesperación (por parte del Gobierno de Eritrea)», explicó, por su parte, una mujer eritrea cuyos familiares fueron desahuciados.

Muchos presuntos desertores fueron llevados a la prisión militar de Adi Abeito, en el noreste de Asmara.

Las imágenes satelitales analizadas por HRW mostraron grandes multitudes de personas en el patio de esa cárcel y en sus alrededores desde octubre de 2022 hasta enero de 2023.

«Los socios internacionales de Eritrea y los actores internacionales deben tomar medidas para poner fin a esta represión desenfrenada», indicó Bader, que pidió sanciones específicas contra las personas e instituciones responsables de estos abusos, así como sanciones más amplias contra el Ejército eritreo.

Las tropas de Asmara apoyaron al Gobierno federal de Etiopía durante dos años en la guerra contra los rebeldes de la región norteña etíope de Tigré (vecina de Eritrea), una contienda que acabó con el acuerdo de paz firmado el pasado noviembre en Sudáfrica.

Sin embargo, Eritrea no participó en ese pacto de paz y los insurgentes tigrinos le acusan de mantener a muchos de sus soldados -presuntos responsables de algunas de las peores atrocidades cometidas durante la guerra- en Tigré.

Eritrea, país dirigido desde su independencia de Etiopía en 1991 por el presidente Isaias Afwerki, es uno de los regímenes más cerrados y represivos del mundo y se le conoce como la «Corea del Norte de África». EFE

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