Indígena pide justicia y reparación a Corte IDH por presunta violación de policías en Perú

Asunción, 24 sep (EFE).- La indígena quechua peruana Georgina Gamboa García, de 61 años, pidió este miércoles justicia y reparación a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte- IDH) por la supuesta violación grupal sufrida en 1981, cuando tenía 17 años, en celdas policiales en una zona rural del Perú, tras comparecer ante los magistrados acompañada por la hija producto del embarazo forzado.

«Gracias por abrirme las puertas para ser escuchada. Quiero justicia para mi familia que ha sufrido también. Todos hemos estado afectados. Mi hija también (…) ha sido afectada por todo lo que he llevado en el embarazo. Para ella también, una reparación. Para mí, igual que haya justicia «, subrayó en la audiencia celebrada en Asunción y transmitida en directo.

La mujer y su hija Rebeca Gamboa, de 44 años, presentaron sus testimonios en el ‘Caso Gamboa García y otros vs. Perú’, durante el 180 Período Ordinario de Sesiones de la Corte IDH, que se celebra en Paraguay, y ante la que los abogados del Estado peruano defendieron las actuaciones realizadas.

Frente a los magistrados, encabezados por su presidenta de la Corte IDH, Nancy Hernández, Georgina relató que fue detenida por primera vez en diciembre de 1980 junto a su madre en un recinto policial en la región surandina peruana de Ayacucho, donde se investigaba el asesinato de un hacendado. Y por segunda vez fue detenida el 17 de enero de 1981 cuando los agentes la sacaron con violencia de su casa.

Dijo que fue trasladada a una celda de la localidad de Vilcashuamán, en la misma región, donde la dejaron sola en un cuarto y los agentes entraron por la noche para golpearla y acusarla de terrorista.

«Me golpean y comenzaron a penetrarme, a hacerme violación. He sufrido violación. Eran varios, como siete personas que me golpearon», relató Georgina.

Según la información del caso, luego fue llevada a otro recinto policial y después a una prisión para adultos en la ciudad de Ayacucho, pese a ser menor de edad y estar embarazada.

Las autoridades ordenaron su liberación en mayo de 1981 tras confirmar su minoría de edad y la sacaron del ámbito penal en que se encontraba su caso por su presunta implicación en el crimen del hacendado.

La mujer recurrió a abogados para presentar las acusaciones, pero un juicio celebrado entre 1981 y 1986 absolvió a los denunciados. En 2005, solicitó que se les realizara una prueba de ADN, pero las autoridades judiciales rechazaron su petición al considerar que el caso ya estaba cerrado, según se explicó durante la audiencia.

Su hija, Rebeca, declaró que ella quería las pruebas de ADN para «saber la verdad».

«Yo pensé que en ese momento iba a haber justicia para mi mama. Dije: ya se va resolver, pero no pasó así», sostuvo.

«Le dije a mi mamá: tanta lucha, tantos años y nada», recordó Rebeca.

Los abogados del estado peruano, Carlos Llaja y Domingo Rojas, defendieron las decisiones de la Justicia de Perú afirmando que incluso llegó hasta la Corte Suprema. Si bien reconocieron que hubo una violación, afirmaron que no se pudo identificar a los autores.

Al mismo tiempo señalaron supuestas contradicciones en la versión de la denunciante sobre cuándo se produjo su detención, el número de supuestos agresores y de cuándo pudo producirse la violación, lo cual fue usado como argumento para justificar la decisión de la justicia peruana de absolución en 1985.

La abogada de Gamboa, Angela Quispe, cuestionó los procedimiento judiciales para denunciar que «no se ahondaron en las investigaciones» y afirmó que los informes de la época «adolecían de estereotipos de género» en contra de Georgina.

Los magistrados interrogaron a las dos partes y la presidenta de la Corte pidió a los abogados que hasta el 28 de octubre presenten al organismo todos las complementaciones por escrito. EFE

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