Anexión de Cisjordania y reforma judicial en acuerdos de coalición de Israel
Jerusalén, 28 dic (EFE).- La anexión de Cisjordania ocupada, una reforma judicial que socava la independencia de la justicia, restaurar la pena de muerte para terroristas o la “cláusula de discriminación” son algunas de las polémicas medidas incluidas en los acuerdos de coalición en Israel.
Firmados hoy definitivamente por el próximo primer ministro Benjamín Netanyahu, líder de Likud, y sus socios de otros cinco partidos de la extrema derecha supremacista judía y ultraortodoxos, los pactos de coalición fueron presentados hoy ante la Knéset (Parlamento israelí), un día antes de la jura del nuevo gobierno.
Estos acuerdos firmados por separado con cada partido -en los que también se especifica qué cargos de peso y ministerios recibe cada uno- no son vinculantes, pero Netanyahu depende de todas estas formaciones para mantener su mayoría de 64 diputados.
En el documento firmado con Sionismo Religioso, Netanyahu se compromete en principio a anexar Cisjordania al afirmar que la “soberanía israelí se extenderá a Judea y Samaria” (como se refieren a Cisjordania), aunque estará sujeto a la “ponderación de los intereses nacionales e internacionales de Israel”, a criterio del primer ministro.
La base de votantes de Sionismo Religioso, liderado por Bezalel Smotrich; y de Poder Judío de Itamar Ben Gvir, está en gran medida conformada por colonos -ellos mismos lo son- defensores de la anexión total.
Otro de los aspectos que más preocupa en Israel es la reforma judicial, también pactada con Sionismo Religioso, que busca modificar el delicado equilibrio entre el poder político y el judicial, incluida la “cláusula de anulación”, que permite al Parlamento volver a legislar leyes anuladas por el Tribunal Superior de Justicia o el Supremo.
Tanto el gobierno saliente, como la fiscal general han alertado sobre los riesgos para la democracia de esta medida, que también ha sido protestada por 78 jueces israelíes retirados, que hoy enviaron una carta abierta en la que advierten además del daño que infringiría a la “posición moral de Israel ante el mundo, incluidas las comunidades judías en la diáspora”.
De hecho, en las directrices pactadas por los miembros de la coalición no hay menciones a Israel como Estado democrático, pero sí se establece que se “preservará el carácter judío del Estado y la herencia judía de Israel”.
En lo pactado con Poder Judío -partido en cuyos mítines se grita “Muerte al árabe”-, figura la prohibición de la bandera palestina en instituciones educativas y locales; así como el establecer la pena de muerte para los condenados por terrorismo, cargos que suelen pesar sobre palestinos que cometen ataques contra objetivos israelíes.
Los acuerdos de coalición tanto con Sionismo Religioso, como los ultraortodoxos de Judaísmo Unido de la Torá (JUT), incluyen la “cláusula de discriminación”, que permite a cualquier negocio o médico negarse a atender a alguien por motivos religiosos, lo que podría afectar a las personas del colectivo LGTBI.
Incluso el presidente israelí, Isaac Herzog, quien no suele entrar en cuestiones políticas, ha expresado su profunda preocupación por esta cláusula que atenta contra los valores democráticos de Israel.
Varios acuerdos también prevén legislación para enmendar la Ley de Retorno de Israel, que ha regido durante décadas la política migratoria del país, para que solo se permita la inmigración de personas judías según la “halajá”, es decir, de madre judía; ya que hasta ahora era suficiente con tener un abuelo judío.
También prevén normas que rechacen la legitimidad de las conversiones no ortodoxas al judaísmo para obtener la ciudadanía, lo que junto con la modificación de la Ley de Retorno, puede dañar los lazos de Israel con la diáspora, donde muchos judíos siguen las corrientes no ortodoxas.
El pacto con JUT contempla una mayor financiación pública para las escuelas ultraortodoxas, incluso para las que no enseñan las materias básicas, y la elevación a Ley Básica de la norma que exime del servicio militar a los jóvenes ultraortodoxos que estudian la Torá, para quienes también se elevarán los subsidios por esa labor. EFE
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