Juristas denuncian «enjuiciamientos politizados» de abogados en Túnez

Túnez, 5 ene (EFE).- La Comisión Internacional de Juristas (CIJ) acusó hoy a las autoridades tunecinas de «intimidar» a los abogados a través de «enjuiciamientos politizados», tras las investigaciones judiciales abiertas contra al menos cuatro letrados a petición del Ministerio de Justicia.

El conocido abogado y ex ministro de Derechos Humanos, Ayachi Hammami» es el último en ser investigado en virtud de un reciente decreto ley que contempla penas de hasta 10 años de prisión por propagar «noticias falsas», después de las declaraciones que dio la semana pasada contra el poder político.

«En lugar de enjuiciar a los abogados sobre la base de cargos inventados, las autoridades tunecinas deben poner fin a su asalto al Estado de Derecho y garantizar que los letrados puedan realizar su trabajo legítimo sin intimidación, acoso o represalias», declaró hoy Said Benarbia, director de CIJ de Oriente Medio y Norte de África.

Hammami es también coordinador del comité para la defensa de los 57 magistrados depuestos por decreto por el presidente tunecino, Kais Said, el pasado mes de junio.

Durante la entrevista radiofónica, afirmó que los jueces despedidos se enfrentan a enjuiciamientos por motivos políticos y que «las autoridades habían inventado casos relacionados con el terrorismo contra 13 de ellos».

El abogado, que debe comparecer el próximo 10 de enero, fue citado judicialmente el lunes por “utilizar deliberadamente las redes de comunicación y los sistemas de información para promover y difundir falsos rumores con el objetivo de infringir los derechos de los demás y amenazar la seguridad pública”.

Según CIJ, «Hammami es al menos el cuarto abogado procesado por criticar las políticas y prácticas del Ministerio de Justicia con respecto a la destitución de los 57 jueces».

Los abogados Lazhar Akermi, Ghazi Chaouachi y Mehdi Zagrouba están siendo también investigados por declaraciones en medios de comunicación y publicaciones en redes sociales contra las autoridades tunecinas.

El presidente de Túnez, que gobierna con plenos poderes desde el 25 de julio de 2021, ha sido acusado desde entonces de politizar la Justicia después de que se conocieran aperturas de instrucciones judiciales contra activistas y políticos.

La CIJ considera que Said «ha tomado medidas para desmantelar de manera efectiva el «Estado de Derecho en Túnez» por «debilitar la independencia judicial y la protección judicial de los derechos humanos, restringir el espacio cívico y reprimir el ejercicio de la libertad de expresión, incluida la disidencia». EFE

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