Justicia peruana ratifica suspensión de cobro de peajes de canadiense Brookfield en Lima
Lima, 5 nov (EFE).- La Justicia de Perú ratificó que la empresa Rutas de Lima (RDL), del fondo canadiense Brookfield, debe suspender el cobro de peajes en dos tramos de una autopista del sur de la capital peruana, una medida que la compañía anunció este miércoles que acatará, aunque seguirá con su recaudación en otros tres puntos en los que aún opera.
El Juzgado de Investigación Preparatoria del distrito de Pachacamac ordenó la «actuación inmediata» de una resolución que la semana pasada ya había ordenado a RDL que suspenda el cobro de peajes en los distritos de Villa El Salvador y Punta Negra, en la carretera Panamericana Sur.
La nueva decisión judicial se emitió después de que la empresa volviera a cobrar el pasado domingo el peaje en esos sectores, con el argumento de que había apelado la primera sentencia judicial.
Sin embargo, la nueva resolución ordenó mantener la suspensión del cobro «bajo apercibimiento de aplicarse sanciones de multa consecutiva, en caso de incumplimiento».
En respuesta, la empresa anunció este miércoles que acatará la resolución, pero aseguró que «añade aún mayor arbitrariedad al trato recibido por RDL por parte del Estado peruano».
Anunció, además, que seguirá efectuando el cobro en otros cuatro puntos de peaje en la Panamericana Sur, a pesar de que la semana pasada había asegurado que la suspensión en Villa El Salvador y Punta Negra le despojaba «del 100 % de sus ingresos».
El fondo canadiense Brookfield informó el pasado 1 de octubre que iniciaba la liquidación de RDL, tras señalar que medidas «arbitrarias y abusivas» del Estado peruano derivaron en la «expropiación» de su inversión y en pérdidas millonarias.
La concesionaria fue adquirida a Odebrecht a mediados de 2016, cuando todavía no se conocía la gigantesca trama de corrupción realizada por la empresa brasileña a cambio de contratos de obra pública en diversos países de Latinoamérica.
El exalcalde de Lima Rafael López Aliaga, quien renunció al cargo para presentarse a las elecciones presidenciales peruanas de 2026, señaló desde 2023 que iba a eliminar los peajes y exigir la salida de RDL por considerar que en la concesión hubo actos ilícitos.
El fondo señala que las autoridades peruanas han mostrado un «repudio expreso de laudos arbitrales internacionales», por un valor de 700 millones de soles (unos 200 millones de dólares), y demandó a Perú ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) del Banco Mundial para exigir más de 2.700 millones de dólares. EFE
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