Kabuga, el millonario ruandés del genocidio que ningún país quiere llevarse de La Haya

Imane Rachidi

La Haya, 24 sep (EFE).- Un tribunal de la ONU celebrará este jueves una audiencia sobre Félicien Kabuga, considerado uno de los principales financiadores del genocidio ruandés de 1994, que sigue detenido en La Haya porque ningún país, salvo Ruanda, acepta acogerlo tras la suspensión de su juicio hace dos años dado que la demencia le impide participar en el proceso.

El empresario, detenido en 2020 en las afueras de París tras 26 años prófugo gracias al uso de pseudónimos en varios países y la protección de sus hijos, afronta cargos de genocidio y crímenes de lesa humanidad por, entre otros, incitación directa y pública al genocidio. Tras su arresto, fue trasladado a La Haya -aunque el juicio debía celebrarse en la sede de Arusha (Tanzania)- y, desde entonces, permanece en la ciudad neerlandesa.

Los informes médicos posteriores a su detención coinciden en que padece un deterioro cognitivo irreversible que lo hace incapaz de declararse culpable o inocente, asistir a un juicio o incluso viajar. En septiembre de 2023, los jueces ordenaron la suspensión indefinida del procedimiento, al considerar improbable que recuperase la aptitud procesal necesaria.

Desde entonces, el dilema para el tribunal ha sido decidir qué hacer con Kabuga. Países Bajos, como Estado anfitrión de la sede en La Haya del Mecanismo Residual Internacional para los Tribunales Penales (MTPI) -establecido para concluir la labor iniciada, entre otros, por el Tribunal Penal Internacional para Ruanda-, ha dejado claro que no puede quedar en libertad en su territorio, según documentos procesales.

Los países europeos que el acusado había señalado como destinos preferidos también rechazaron recibirlo, alegando la gravedad de los crímenes que se le imputan y los costes y riesgos de hacerse cargo de un detenido de unos 90 años –que se calcula que tiene, aunque no se sabe su edad con certeza- con necesidades médicas complejas.

Ruanda es el único país que ha expresado formalmente su disposición a acogerlo, comprometiéndose a cooperar con el tribunal y garantizarle atención médica.

Sin embargo, Kabuga rechaza ser trasladado allí porque, según la defensa, teme por su seguridad en un país donde su nombre está ligado a uno de los episodios más sangrientos del siglo XX y donde sigue siendo una figura extremadamente sensible en la memoria colectiva.

La Fiscalía acusa a Kabuga, que llegó a ser uno de los hombres más ricos de Ruanda, de haber puesto su fortuna al servicio del genocidio: financió la compra masiva de machetes destinados a las milicias hutu interahamwe y creó el Fondo de Defensa Nacional para sostener la campaña de exterminio.

También fundó y presidió la Radiotelevisión Libre de las Mil Colinas, que incitaba abiertamente al odio contra los tutsis, difundía su localización y llamaba a su eliminación, convirtiéndose en una de las principales plataformas de propaganda y coordinación de las matanzas.

Se estima que unos 800.000 tutsis y hutus moderados fueron asesinados durante los cien días que duró la violencia del genocidio de Ruanda de 1994, según la ONU.

Kabuga ya se había declarado inocente durante su primera comparecencia en 2020. La última vez que se le vio en público, dos años tras su arresto, llegó a la sala con un aspecto debilitado y con dificultades visibles para intervenir.

En este contexto, el MTPI acogerá mañana lo que se conoce como “una conferencia de situación”, una audiencia destinada a escuchar a la Fiscalía, a la defensa y a la Secretaría del tribunal sobre el futuro de Kabuga, actualmente detenido en la Unidad de Detención de Naciones Unidas en La Haya bajo un régimen de control médico.

Los jueces escucharán a las partes sobre los informes médicos, las gestiones diplomáticas y las condiciones de una posible liberación provisional en Ruanda. La Fiscalía sostiene que, si Kabuga llega a salir en libertad, solo podrá hacerlo en su país de origen.

Un experto médico independiente ya presentó un informe sobre los riesgos de un eventual traslado aéreo desde Países Bajos a Kigali, concluyendo que no está en condiciones generales de volar, aunque podrían adoptarse medidas específicas para reducir el riesgo.

Tras escuchar a las partes, el MTPI deberá resolver una cuestión de difícil equilibrio: mantener a Kabuga detenido sin juicio ni condena en Europa, lo que choca con sus derechos fundamentales, o autorizar su liberación provisional en Ruanda, el único país dispuesto a aceptarlo, en contra de la voluntad del propio acusado. EFE

ir/rja