Líderes indígenas peruanos denuncian la pasividad estatal frente a la lucha ambiental
Lima, 8 jul (EFE).- Defensores ambientales denunciaron este martes la inactividad del gobierno frente a las necesidades de las comunidades indígenas, en la segunda jornada del III Encuentro Nacional de Defensores y Defensoras de Derechos Humanos y Ambiental de Perú, en Lima, en el que denunciaron su creciente criminalización, así como la visibilización de su lucha.
“Exigimos al Estado que cumpla con el compromiso de remediar lo que el mismo Estado ha permitido”, expresó a EFE Alfonso López Tejada, de la Asociación Cocama de Desarrollo y Conservación San Pablo de Tipishca (Acodecospat), en representación de 63 comunidades indígenas kukama, propias de la Amazonía, de las cuencas del río Marañón, Ucayali y Amazonas, en la región de Loreto.
En el caso de López, la denuncia apunta a la actividad petrolera de los lotes 192 y 8, que operan desde hace más de 50 años en las cuencas del Marañón, Corrientes, Tigre y Pastaza.
“Es lamentable para nosotros que, después de 50 años de explotación petrolera, enfermedades, deterioro y muertes de nuestros hermanos, recién vamos a empezar a trabajar la solución”, señaló el activista.
Desde La Oroya, en la andina provincia de Junín, Liliana Carhuaz Rosales mantiene viva la denuncia que, desde hace 20 años, un grupo de 80 peruanos presentó contra el complejo metalúrgico de la ciudad, debido a la contaminación de metales pesados como cadmio, arsénico, plomo y azufre, y sus pasivos ambientales.
Entre los denunciantes, dos fallecieron por cáncer de piel, y el resto, afirma Carhuaz a EFE, cuentan con análisis que corroboran la presencia de estos metales en su cuerpo.
“El aire que respiramos, los terrenos que sembramos, todo está contaminado”
“El agua que consumimos no es apta para el consumo, el aire que respiramos, los terrenos que sembramos, todo está contaminado, no tenemos un hospital que nos pueda atender en las cuatro cuencas que esté preparado, no hay especialistas, ¿Cómo pueden identificar si no hay especialistas?”, expresó López.
Son 100 comunidades amazónicas afectadas directamente, pero más de 200 de manera indirecta, principalmente por el agua, derivación que afecta a la economía indígena, basada en el uso responsable de sus recursos.
Desde la perspectiva andina, la preocupación es diaria porque, como dice Carhuaz: «si hay emisiones de azufre te arde la garganta, escuecen los ojos, duele la cabeza… Tienes que encerrarte en casa y, si vas al centro de salud, no hay un especialista que te diga qué tomar”.
Pese a que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenó estudios epidemiológicos con valoraciones específicas sobre la zona, explicó la representante de La Oroya, la ayuda es lenta o no se activa.
La criminalización como principal amenaza
En el caso de La Oroya, las amenazas surgen en gran medida por parte de los trabajadores de la propia metalúrgica, son personales y familiares, a veces violentas, y coartan la libertad de quienes denuncian los hechos, algunos afrontando denuncias por parte de la empresa o el Estado.
“Una compañera tuvo que escapar de su casa, no le dio tiempo ni a coger otra ropa, fue amenazada por los trabajadores de entonces”, recordó la defensora.
Por su parte, la organización de Alfonso López Tejada suma cuatro encarcelados, acusados de organización criminal por el Caso Crudos, que investiga los cortes y daños al Oleoducto Norperuano, y él mismo está denunciado por generar protestas en una llamada a la acción al estado peruano. EFE
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