La CIDH otorga medidas cautelares a favor de cinco disidentes bajo custodia en Nicaragua

San José, 19 sep (EFE).- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares a favor de cinco opositores nicaragüenses que se encuentran bajo custodia en Nicaragua y son críticos con el Gobierno del país que dirigen los esposos y copresidentes Daniel Ortega y Rosario Murillo, informó este viernes la parte solicitante.

Los beneficiados son Armando José Bermúdez Mojica, Olga María Lara Rojas, Pedro José López Calero, Jessica María Palacios Vargas y su hermano, el pastor evangélico Rudy Antonio Palacios Vargas, de acuerdo con la resolución de la CIDH.

Los cinco disidentes forman parte de los al menos 73 opositores y críticos del Gobierno sandinista que están en prisión en Nicaragua y que son considerados presos políticos por los organismos humanitarios.

En su resolución, emitida el pasado 16 de septiembre, la CIDH explicó que otorgó medidas cautelares a favor de los cinco disidentes tras considerar que se encuentran en una situación de gravedad y urgencia, dado que sus derechos a la vida e integridad personal corren riesgo de sufrir un daño irreparable en Nicaragua.

Según la parte solicitante, las personas beneficiarias fueron detenidas en sus domicilios el 17 de julio de 2025 por agentes de la Dirección de Operaciones Especiales de la Policía Nacional (DOEP) en la ciudad de Jinotepe, departamento (provincia) de Carazo (Pacífico), «como represalia por su pertenencia a una familia opositora y crítica del Gobierno de Nicaragua».

Desde entonces, familiares y personas cercanas afirman no tener información sobre su paradero o destino, advirtió la CIDH.

Según organismos humanitarios, tras las detenciones, personas allegadas acudieron a distintos centros penitenciarios con el fin de obtener información sobre sus ubicaciones y conocer sus condiciones actuales. Sin embargo, pese a las gestiones y solicitudes realizadas, las autoridades estatales no habrían brindado datos oficiales sobre su paraderos ni situaciones.

El Estado de Nicaragua tampoco proporcionó información a la CIDH, que pidió a sus autoridades que tomen las medidas necesarias para determinar la situación y paradero de las personas beneficiarias, con el fin de proteger sus derechos a la vida e integridad personal. EFE

mg/fa/pddp