La Defensoría del Pueblo alerta sobre un hacinamiento de 105 % en las cárceles de Bolivia

La Paz, 30 sep (EFE).- La Defensoría del Pueblo de Bolivia alertó este martes sobre un hacinamiento superior al 105 % en las cárceles del país, donde hasta julio pasado había más de 33.000 personas privadas de libertad, y planteó limitar el uso de la detención preventiva, entre otras medidas «urgentes» ante esta situación «crítica».

Esta información se encuentra en el informe ‘Alerta temprana sobre la situación de cárceles en Bolivia’, que fue presentado por el Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, y que se elaboró a través del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP) de la defensoría.

El documento señala que se identificó una «situación crítica» en las cárceles del país que puede «profundizarse si no se adoptan medidas urgentes».

«La población penitenciaria ha mostrado un crecimiento sostenido, alcanzando a julio de 2025 un total de 33.058 personas privadas de libertad, con un hacinamiento superior al 105 % a nivel nacional», indica el informe.

Uno de los principales factores de la sobrepoblación en los centros penitenciarios es el «uso excesivo de la detención preventiva», ya que actualmente el 55,9 % de los reclusos está en prisión «sin haber recibido una sentencia condenatoria», indicó la Defensoría.

La situación es más crítica en el caso del grupo etario de 18 a 28 años, «donde el porcentaje de detenidos preventivos alcanza el 75 %», lo que pone en evidencia el uso «desproporcionado de esta figura legal en jóvenes y una carga significativa para el sistema penitenciario».

«Además, refleja el incumplimiento de los estándares internacionales que establecen que la detención preventiva debe ser una medida excepcional», señaló la entidad defensorial.

La Defensoría también mencionó que las muertes violentas en las cárceles reflejan el «grave deterioro de las condiciones de seguridad y la falta de control» dentro de estos recintos.

Según la institución, en 2024 se registraron nueve muertes, mientras que hasta septiembre de este año «ya se contabilizan 15, una de ellas provocada por un arma de fuego», lo que es preocupante.

El informe precisó, además, que para atender a las más de 33.000 personas recluidas en el país hay «apenas 45 médicos, 16 odontólogos, 3 psiquiatras y 22 psicólogos que intentan cubrir las necesidades de atención médica, lo que resulta claramente insuficiente».

Otro de los problemas estructurales identificados por la entidad es la «deficiencia en la alimentación» de los reclusos, que en lo que va de año generó al menos cuatro conflictos.

Ante esta situación, Callisaya planteó algunas medidas «urgentes», entre ellas, limitar el uso de la detención preventiva y aplicar un enfoque diferenciado en el «juzgamiento» de poblaciones en situación de vulnerabilidad.

También propuso aprobar el uso de manillas electrónicas, separar y clasificar a los privados de libertad según la naturaleza y gravedad del delito y mejorar el acceso a la salud con la presencia de más personal médico o la firma de convenios con hospitales que ofrezcan servicio ambulatorio en las cárceles.

El defensor instó, además, a que haya un nuevo acuerdo entre los niveles de Gobierno nacional, regional y municipal para que cada uno cumpla «de una manera más eficiente sus responsabilidades en el tema carcelario». EFE

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