La eliminación del subsidio al diésel reaviva las protestas de grupos sociales en Ecuador

Guayaquil (Ecuador), 19 sep (EFE).- La decisión del presidente Daniel Noboa de eliminar el subsidio al diésel ha reavivado la intención de las organizaciones sociales de Ecuador de volver a las calles en señal de rechazo, tal como ya lo hicieron en 2019 y 2022, cuando el movimiento indígena lideró sendas protestas masivas que frustraron los dos intentos previos de los Gobiernos de turno de aplicar este ajuste fiscal reclamado por el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Aunque tras el anuncio de la medida, el pasado viernes, se registraron cortes en algunas vías del país, el gran pistoletazo de salida lo volvió a dar la tarde de este jueves la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), la mayor organización social del país, que convocó a un «paro nacional inmediato e indefinido».

El Frente Unitario de Trabajadores (FUT), que es la mayor central sindical del país; la Confederación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras (Fenocin) y la Unión Nacional de Educadores (UNE) ya han anunciado que se unirán a las manifestaciones.

«Queremos que sea un paro nacional contundente para que el Gobierno escuche, y no es un paro para el diálogo sino para que derogue las medidas que ha aplicado con imposición del Fondo Monetario Internacional» (FMI), dijo en una rueda de prensa el presidente de la Fenocin, Gary Espinoza.

El presidente de la Conaie, Marlon Vargas, aseguró que la eliminación del subsidio al diésel, que elevó el precio del combustible de 1,80 a 2,80 dólares por galón (3,78 litros), «encarece el transporte, la producción, los alimentos y la vida de millones de familias ecuatorianas», por lo que exigieron al presidente Noboa que dé marcha atrás.

Sin embargo, el Gobierno, que ya había dicho el lunes que no iba a negociar la medida, advirtió que quienes «incurran en actos de terrorismo, bloqueos ilegales de vías y violencia organizada serán sancionados conforme a la ley».

En ese sentido, la Fiscalía afirmó que actuará «con firmeza» en caso de que las protestas deriven en posibles delitos, entre los que mencionó el «terrorismo».

Además, Noboa impuso un toque de queda entre las 22:00 hora local (3:00 GMT) y las 5:00 (10:00 GMT) en las provincias de Carchi, Imbabura, Cotopaxi, Bolívar y Chimborazo, y amplió a una localidad más el estado de excepción por «grave conmoción interna» que había decretado el martes en siete territorios ante los primeros anuncios de movilizaciones.

La organización de las protestas

Vargas indicó el jueves que serán las organizaciones en cada territorio las que empezarán a definir y realizar acciones en los próximos días, aunque no señaló si preparan una gran movilización hacia la capital del país, como lo hicieron en 2019 y 2022.

El Movimiento Indígena y Campesino de Cotopaxi (MICC) decidió esa misma tarde que se centraría en Latacunga, la ciudad a la que el presidente movió la sede del Gobierno de manera temporal, para exigirle que se vaya «a su ciudad de origen en Miami (Estados Unidos)», en referencia al lugar de nacimiento del mandatario ecuatoriano.

Además, pidió a la ciudadanía que se abastezca de alimentos antes del próximo domingo 21 de septiembre, para que «no existan problemas de provisiones durante la jornada de resistencia que se avecina».

La Unión de Organizaciones Campesinas e Indígenas de Cotacachi (Unorcac), en el norte de Ecuador, también convocó a una «movilización indefinida» desde este mismo domingo.

La Conaie, por su parte, declaró un «estado de excepción comunitario» en los territorios de los pueblos y nacionalidades, lo que, dijo su presidente, prohíbe el ingreso de las fuerzas de seguridad a las localidades. Vargas llamó a las guardias comunitarias a activarse.

Este anuncio de movilizaciones ha sido rechazado por gremios empresariales, que han señalado que las medidas anunciadas por los grupos sociales pueden derivar en la «paralización del trabajo y la producción».

«Hacemos un llamado urgente a la paz social, a la responsabilidad colectiva y a la defensa firme de la institucionalidad», indicó en un comunicado la Cámara de la Industria y la Producción (CIP).

Medidas fiscales

La eliminación del subsidio al diésel, con la que el Gobierno espera liberar 1.100 millones de dólares anuales, forma parte del paquete de recortes impulsado por Noboa para reducir el déficit fiscal, que al asumir en 2023 el poder rondaba los 5.000 millones de dólares -equivalentes a cerca del 5 % del producto interno bruto (PIB).

También busca cumplir con los objetivos acordados con el FMI, con quien Ecuador mantiene un acuerdo crediticio por 5.000 millones de dólares en cuatro años (2024-2028).

Antes de eliminar el subsidio al diésel, el presidente ya había retirado el año pasado las subvenciones a las gasolinas Extra y Eco País, dos combustibles de 85 octanos que son los más consumidos en el país. Lo hizo mediante una semiliberalización de precios, implementando un sistema de bandas que ha ido igualando progresivamente sus valores con los precios internacionales. EFE

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