La Fiscalía de la CPI rechaza la libertad provisional de Duterte por grave riesgo de fuga

La Haya, 30 sep (EFE).- La Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) se opone a la puesta en libertad provisional del expresidente filipino Rodrigo Duterte, sospechoso de crímenes de lesa humanidad, alegando que existe un “grave riesgo” de fuga, interferencia en el proceso y comisión de nuevos crímenes, pese a propuestas de la defensa para suavizar su detención.

En un escrito hecho hoy público pero remitido a los jueces de la Sala de Cuestiones Preliminares el pasado día 18, los fiscales subrayaron que unas ofertas presentadas por Duterte -cuyo contenido se mantiene bajo reserva- son “irrelevantes” para valorar su situación procesal y no reducen los riesgos identificados en resoluciones previas.

“La Fiscalía ha demostrado en múltiples escritos que dejar a Duterte en libertad provisional constituiría un riesgo de fuga, probablemente interferiría en el proceso y podría cometer nuevos crímenes”, señala el escrito.

Además, recordaron que, en los últimos cinco meses, el exmandatario “aparentemente fue capaz” de instruir a sus abogados para impugnar la competencia del tribunal y pedir la descalificación de dos jueces, lo que contradice los argumentos de la defensa sobre su supuesta incapacidad para afrontar el juicio.

La Fiscalía también acusó a la defensa de haber retrasado deliberada e “innecesariamente” el procedimiento al esperar varios meses después de la primera comparecencia de Duterte, que fue el 14 de marzo, para presentar sus recursos sobre la capacidad del acusado, lo que, a juicio de los fiscales, no puede usarse ahora como argumento para reclamar su liberación provisional.

El proceso contra Duterte, detenido en Manila y extraditado a La Haya el pasado marzo, se encuentra en fase de confirmación de cargos por crímenes de lesa humanidad derivados de la llamada “guerra contra las drogas” en Filipinas.

La CPI había fijado para el 23 de septiembre la audiencia de confirmación de cargos contra Duterte, pero dos semanas antes decidió aplazarla después de que la Defensa alegara que el político octogenario no está en condiciones de enfrentar un proceso judicial. No obstante, el tribunal insiste en que el retraso será “limitado al tiempo estrictamente necesario”.

La Fiscalía, que instó a rechazar cualquier solicitud de libertad provisional presentada por la defensa, considera que el exdirigente filipino, que dejó el cargo en 2022, es “plenamente responsable a título individual” de los tres cargos de crímenes de lesa humanidad que le imputa, por haber actuado como “coautor indirecto”, por “ordenar” o “inducir” la comisión de crímenes, y por “ayudar o instigar” a los autores materiales.

Según el documento de la acusación publicado la semana pasada, Duterte operó, entre noviembre de 2011 y marzo de 2019, primero a través del Escuadrón de la Muerte de Dávao (DDS) y después mediante una red nacional de policías, agentes antidroga, funcionarios penitenciarios y sicarios reclutados para llevar a cabo ejecuciones.

Se le imputan tres cargos principales: los asesinatos de al menos 19 personas en Dávao durante su etapa como alcalde; los de 14 “objetivos de alto valor” acusados de narcotráfico en distintas partes del país al inicio de su presidencia; y otros 45 asesinatos e intentos de asesinato durante las operaciones de “limpieza de barangay”, en barrios y comunidades, entre 2016 y 2018. EFE

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