La hija de Duterte denuncia las condiciones médicas de su padre en la CPI

Manila, 27 sep (EFE).- La vicepresidenta de Filipinas, Sara Duterte, cuestionó este sábado la capacidad de la Corte Penal Internacional (CPI) para proporcionar cuidados médicos a su padre, el expresidente Rodrigo Duterte, acusado de crímenes de lesa humanidad y que trata de obtener la libertad provisional.

«Información fiable recibida por la familia de fuentes hospitalarias revela que el expresidente Duterte tuvo que someterse a pruebas de laboratorio tras ser encontrado inconsciente en el suelo de su habitación», dijo la vicepresidenta en un comunicado.

Sara Duterte afirmó que la familia no recibió información de lo ocurrido, y lamentó que un problema «básico» como una uña encarnada «ni siquiera se puede atender con rapidez».

La vicepresidenta también denunció una reciente visita «subrepticia» de diplomáticos filipinos a Duterte, bajo custodia de la CPI tras ser detenido el pasado marzo en Filipinas, permitiendo que «agentes del mismo Gobierno que lo secuestró (…) se entrometieran en su vida y se aprovecharan de su frágil y delicada salud».

El Departamento de Exteriores filipino afirmó, el pasado miércoles, que funcionarios de la Embajada de Filipinas en La Haya visitaron a Duterte en el centro de detención de la CPI «para comprobar su estado de salud».

La hija del exmandatario concluyó que estos «alarmantes acontecimientos» ponen en duda la capacidad de la CPI para «garantizar la seguridad y la protección» de Duterte.

Las quejas de Sara Duterte llegan después de que la defensa del exmandatario consiguiera que el tribunal internacional aplazara su audiencia de confirmación de cargos prevista el pasado martes, tras argumentar que el estado de salud del octogenario no permite que sea juzgado.

Mientras la CPI determina si Duterte está en condiciones de participar en las actuaciones preliminares, el principal letrado de Duterte, Nicholas Kaufman, renovó sus intentos por obtener su libertad provisional a un país que no ha sido identificado públicamente.

Kaufman afirmó, en una petición presentada el viernes ante el tribunal, que el Gobierno de Filipinas «contempla sin objeciones» la posible libertad condicional de Duterte.

El pasado martes, la fiscalía de la CPI acusó formalmente a Duterte de tres cargos de crímenes de lesa humanidad, al afirmar que estuvo involucrado en el asesinato de 76 personas en el marco de su sangrienta guerra contra las drogas.

Al menos 6.000 personas murieron en operaciones antidroga y ejecuciones extrajudiciales durante el mandato de Duterte (2016-2022), según cifras de la Policía, y unos 30.000 según ONG locales.

Familiares de víctimas de la guerra contra las drogas han mostrado consternación por el aplazamiento de la audiencia de confirmación de cargos, calificándolo de «estratagema desesperada», y se oponen a su puesta en libertad condicional al argumentar que Duterte mantiene una poderosa red de contactos políticos. EFE

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