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La iniciativa ‘Yo migré’ recoge el testimonio de reconocidas figuras en Puerto Rico

San Juan, 19 feb (EFE).- Las organizaciones que lideran la campaña ‘Migrar es un derecho’ anunciaron este jueves la iniciativa audiovisual ‘Yo migré’, que incluye las voces de reconocidas figuras en Puerto Rico, ante las continuas redadas de agencias federales estadounidenses como ICE.

La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, en inglés) de Puerto Rico, Kilómetro 0, Amnistía Internacional de Puerto Rico y Comuna Caribe destacaron que con ‘Yo migré’ quieren «romper la narrativa de miedo y criminalización».

El objetivo es asimismo recordar que «detrás de cada deportación hay familias, trabajo, comunidad y una vida que merece dignidad», señalaron en el comunicado estas organizaciones.

Carlos Weber, Felipe Gómez, Larissa Dones, Eyra Agüero, Romelinda Grullón, Leonard Prophil y Pilar Lara tratan de romper estigmas, denunciar las violaciones de derechos y fomentar la protección de las personas migrantes.

La iniciativa recoge en videos cortos los testimonios de estas figuras reconocidas de los medios de comunicación, la cultura, la educación y el liderato comunitario, que llegaron al archipiélago como migrantes.

Los protagonistas narran, con un tono genuino y orgánico, cómo la migración forma parte esencial de sus vidas y de la historia de Puerto Rico y sus comunidades.

Entre estas figuras hay originarios de Chile (Weber, periodista), República Dominicana (Grullón, del Centro de la Mujer Dominicana), Haití (Prophil, líder y portavoz de la comunidad haitiana) y México (Lara, maestra de educación Montessori).

Desde agosto de 2025, la campaña ‘Migrar no es un crimen, migrar es un derecho’ ha documentado y denunciado un patrón sostenido de violencia institucional contra comunidades inmigrantes en Puerto Rico.

La campaña surgió como respuesta al incremento de intervenciones federales en el archipiélago desde enero del pasado año, con un resultado de más de 1.500 detenciones, en su mayoría de personas sin antecedentes delictivos ni órdenes judiciales firmadas por un juez.

«Puerto Rico no puede normalizar la violencia institucional y por eso exigimos protecciones reales, acceso igualitario a servicios esenciales y que los recursos del país se utilicen para cuidar a nuestra gente, no para perseguirla», afirmaron las organizaciones. EFE

mv/rod

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