La policía de Hong Kong investiga el pasado de los disidentes

El 10 de agosto en Hong Kong, la policía arrestó a diez personas en virtud de la nueva ley de seguridad nacional afp_tickers

La policía de Hong Kong está examinando las declaraciones o acciones de los disidentes, aunque se hayan producido antes de la entrada en vigor de la nueva ley de seguridad nacional impuesta por China, oficialmente no retroactiva.

Esta ley, descrita por Pekín como «una espada» que pende sobre la cabeza de quienes socaven la seguridad nacional, fue adoptada a fines de junio, con la promesa de las autoridades de que no se aplicaría a delitos cometidos en el pasado.

No obstante, la veintena de arrestos realizados hasta ahora en el marco de la ley muestra que se deben en gran parte a opiniones políticas expresadas o publicadas antes de la entrada en vigor del texto.

«Volverán a sumergirse en su historia y buscarán vínculos», explicó a la AFP, bajo anonimato, un abogado que gestiona casos relacionados con la seguridad nacional, y quien afirma que se permite a la policía examinar el pasado de los opositores.

El 10 de agosto, la policía hizo la mayor redada desde que se impuso esa ley. Diez personas fueron detenidas, entre ellas el magnate de la prensa, Jimmy Lai, cuando 200 agentes de seguridad registraron la redacción del periódico Apple Daily. Fue acusado de «colusión con fuerzas extranjeras».

– Anuncios políticos –

Ese mismo día, tres policías acudieron más discretamente a la sala de redacción de Nikkei, un diario financiero japonés, con una orden judicial.

Una fuente que estaba presente explicó a la AFP, bajo anonimato, que la operación se realizaba después de la publicación, hace un año, de un anuncio en el que se pedía apoyo a las manifestaciones prodemocracia en Hong Kong.

Anuncios similares, pagados con financiación colectiva, fueron publicados en periódicos de todo el mundo. Aunque era fruto de una acción concertada, esa publicación llevaba el nombre de Demosisto, un partido prodemocracia que fue disuelto tras la adopción de la ley.

Una de las fundadoras de Demosisto, Agnes Chow, de 23 años, fue detenida con otros dos militantes prodemocracia.

Sin dar nombres, la policía declaró que directivos de medios de comunicación son sospechosos de haber usado una cuenta en el extranjero para apoyar financieramente a un grupo que realizaba una campaña a favor de la adopción de sanciones extranjeras contra Hong Kong.

«Este grupo permanece activo tras la entrada en vigor de la ley», afirmó Li Kwai-wah, un alto responsable de la policía.

Tras ser liberada, Chow explicó que las acusaciones de colusión eran «muy vagas» y no especificaban el periodo al que se referían.

– «Intimidación» –

Dirigiéndose a la redacción de Apple Daily, Lai explicó que la policía centró su atención en los llamados a favor de una acción internacional, lanzados antes de la entrada en vigor de la ley.

La policía también examina las redes sociales. Tony Chung, de 19 años, fue detenido el 29 de julio junto con tres activistas por incitación a la secesión. Era miembro de Studentlocalism, un grupo en favor de la independencia de Hong Kong que se disolvió antes de la nueva ley.

La policía informó que procedió con esas detenciones luego de que un grupo, desde el extranjero, dejó un mensaje en Facebook, después del 30 de junio, llamando a Hong Kong a convertirse en república.

Chung, que asegura no tener nada que ver con esta publicación, dijo a la AFP que durante sus 40 horas de detención, la mayoría de pruebas presentadas por la policía eran antiguos comentarios publicados en las redes sociales.

Un portavoz de la policía rechazó comentar las investigaciones en curso, pero afirmó que la labor realizada en el marco de la ley «no tenía efecto retroactivo».

Hasta ahora, en virtud de la nueva ley solo ha sido inculpado un hombre acusado de haber arrojado su motocicleta contra un grupo de policías con una bandera en favor de la independencia.

Para el abogado que trabaja en casos de la nueva ley, la policía no suele tener la intención de acusar a los detenidos.

«La intimidación, la confiscación de los documentos de viaje y la utilización de las personas puestas en libertad bajo fianza para detener a otras personas son los tres objetivos», afirmó.