La SIP celebra fallo en Costa Rica que condena censura indirecta contra programa satírico
Miami (EE.UU.), 9 jul (EFE).- La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) celebró este martes el fallo judicial que refuerza la libertad de prensa en Costa Rica al declarar ilegal la retirada de publicidad institucional como castigo por el contenido satírico del programa ‘El Chinamo’, transmitido por Teletica Canal 7.
La organización calificó la resolución de la Sala Constitucional contra el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) y el Banco Popular como un «importante precedente a favor de la libertad de prensa en Costa Rica».
Según informó la prensa local, el tribunal constitucional reconoció que las decisiones de ambas entidades estatales constituyeron un acto de censura indirecta al imponer consecuencias comerciales vinculadas al contenido editorial de carácter satírico, violando derechos fundamentales consagrados por la Constitución y tratados internacionales.
En los recursos de amparo, un abogado y un ciudadano denunciaron que el ICE y el Banco Popular retiraron su patrocinio tras la emisión de canciones con sátira política y social.
La Sala subrayó la relevancia de estas manifestaciones en democracia y destacó que «la pauta oficial no puede ser usada para restringir el derecho a criticar al poder».
«La decisión de la Sala Constitucional fortalece un principio esencial: la publicidad estatal no debe ser utilizada como mecanismo de premio o castigo para condicionar contenidos periodísticos o artísticos», afirmó José Roberto Dutriz, presidente de la SIP.
La SIP también celebró otros dos fallos judiciales recientes en favor de la libertad de prensa en Costa Rica. En mayo pasado, el tribunal resolvió por unanimidad dos recursos de amparo a tres periodistas locales contra el gobierno del presidente Rodrigo Chaves por violaciones a la libertad de prensa y el derecho de acceso a la información.
Además, la organización ya había elogiado una decisión anterior de mayo de 2023, en la que la Sala Constitucional afirmó que «ciertas expresiones y vocablos usados por los funcionarios no se justifican y sí constituyen un exceso, por lo que podrían promover el hostigamiento contra los medios y periodistas aludidos». EFE
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