Las 5 claves de las elecciones judiciales que están en vilo en Bolivia

Esteban Biba

La Paz, 17 oct (EFE).- Las elecciones judiciales en Bolivia están en vilo debido a dos amparos presentados por personas que fueron inhabilitadas como candidatos a estos comicios, los cuales fueron aplazados un año por retrasos en la Asamblea Legislativa, ya que debían realizarse en 2023 pero finalmente se convocaron para este 1 de diciembre.

Los recursos legales que ponen en duda la realización de los comicios fueron presentados el martes por dos salas constitucionales de Beni y Pando, a instancia de dos candidatos inhabilitados, y por los que declararon «desiertas» las convocatorias para elegir a los jueces de los tribunales Supremo de Justicia (TSJ) y Constitucional Plurinacional (TCP).

Este jueves el Tribunal Supremo Electoral (TSE) afirmó que las elecciones no están ni «suspendidas» ni «paralizadas», y que existe una medida cautelar de la Sala Constitucional de El Alto que protege la continuación del proceso electoral hasta que se desarrolle una audiencia esta tarde, en la cual se conocerá el futuro de dichos comicios.

El TSE anunció que de no realizarse dichas elecciones el Estado perdería 55 millones de bolivianos, unos 8 millones de dólares, presupuestados para los comicios.

Aquí 5 claves de los comicios judiciales bolivianos:

1. «Un golpe a la democracia»

«Un golpe a la democracia», fue como calificó el vocal del TSE Francisco Vargas la decisión tomada por las dos salas constitucionales de declarar «desiertas» las convocatorias para los jueces del TSJ y TCP.

El juez Charles Mejía, de la Sala Constitucional del Beni, fue quien emitió uno de los fallos. Él intentó ser candidato a las nuevas cortes, pero fue descartado en un primer filtro por la Asamblea.

«Quien habla está ligado al proceso electoral en los últimos diez años y nunca había visto que un proceso electoral tenga tantas trabas», manifestó Vargas.

El defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, manifestó en la víspera que le “preocupa la profundización de la fragilidad institucional democrática en el país ante el riesgo de una nueva paralización del proceso de elecciones judiciales».

2. Prórroga para evitar «un vacío de poder»

Los magistrados actuales fueron elegidos en 2017, terminaron su mandato a principios de 2024, pero tras varios retrasos por parte de la Asamblea Legislativa para cumplir con la preselección, los comicios fueron atrasados.

Ante esto, los magistrados del Tribunal Constitucional extendieron su propio mandato y el de las otras cortes, alegando que así evitaban un «vacío de poder».

3. Descontento y bloqueos

La oposición y el exgobernante Morales, quien esta distanciado del presidente Luis Arce, calificaron la acción de prolongar el mandato como una «autoprórroga» y un golpe al poder Judicial.

En enero los seguidores de Morales realizaron 10 días de fuertes bloqueos de carreteras en todo el país, exigiendo que los magistrados renunciaran y que se pusiera en marcha el proceso de elecciones.

Al final los magistrados no renunciaron, pero el Parlamento reanudó la preselección de candidatos y se convocaron las elecciones para diciembre de este año.

4. Preocupación de la comunidad internacional

Tras la prórroga de funciones de las cortes bolivianas, la relatora especial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para la Independencia de los Magistrados y Abogados, Margaret Satterthwaite, expresó su «preocupación».

“La conducción de elecciones judiciales es uno de los elementos clave para asegurar la independencia e imparcialidad de la justicia en Bolivia”, indicó en su momento Satterthwaite.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) mostró en diferentes ocasiones su «preocupación» por el proceso electoral y llamó a Bolivia a «garantizar» los comicios judiciales.

5. Voto popular y voto nulo

Las elecciones judiciales por voto popular fueron promulgadas en la Constitución boliviana vigente desde 2009 y el mandato de los jueces elegidos es de seis años.

Las cortes que se eligen son el TSJ, el TCP, el Tribunal Agroambiental y el Consejo de la Magistratura.

En los comicios judiciales de 2011 y 2017, la mayoría de electores votó nulo y blanco en rechazo a los procesos, al considerarlos manipulados por la mayoría legislativa del gobernante MAS.

Según el Electoral, este año hay unas 7,8 millones de personas habilitadas para votar el próximo 1 de diciembre.EFE

eb/gb/pddp