Londres quiere disolver las protestas antes de que comiencen alteraciones
Londres, 16 ene (EFE).- El Gobierno británico legislará para que la policía pueda disolver una protesta antes de que esta derive en alteraciones del orden público, una medida que ya ha provocado el rechazo de asociaciones de derechos civiles y de la oposición.
Con una enmienda a la ley de Orden Público, el Ejecutivo del conservador Rishi Sunak pretende ampliar la definición legal de «alteración grave» para que las fuerzas de seguridad tengan mayor flexibilidad para actuar contra tácticas como el bloqueo de carreteras o la ralentización del tráfico, según informó este lunes Downing Street.
Gracias a estos cambios, la policía «no tendrá que esperar a que tenga lugar la alteración para disolver una protesta antes de que estalle el caos», «no tendrá que tratar una serie de protestas del mismo grupo como incidentes aislados», y «podrá tener en cuenta campañas diseñadas para crear disrupción repetida a lo largo de días o semanas».
La enmienda se dirige a nuevas tácticas empleadas por grupos de activistas -especialmente medioambientales como Just Stop Oil-, como ralentizar el tráfico con manifestaciones lentas por las calles de las ciudades.
Sunak defendió en el mismo comunicado que «se debe alcanzar un equilibrio entre los derechos individuales y los derechos de la mayoría trabajadora a dedicarse a sus asuntos cotidianos».
«No puede haber protestas de una pequeña minoría que alteren las vidas de los ciudadanos ordinarios. No es aceptable y vamos a acabar con ello», añadió.
Según el primer ministro, fue la policía la que se dirigió al Gobierno para pedir «una mayor claridad al afrontar estas tácticas de guerrilla, y hemos escuchado».
En esa línea, el máximo responsable de la Policía Metropolitana (Scotland Yard), Mark Rowley, señaló que no buscaban «nuevos poderes para restringir las protestas», sino que querían tener «claridad legal sobre dónde está el equilibrio de derechos».
El jefe de la oposición, el laborista Keir Starmer, criticó que se legisle para atajar un problema contra el que la policía «ya tiene poderes para actuar».
«La policía no quería nueva legislación, sino claridad (…). Pero con este gobierno, por cada problema que surge sólo introducen nuevas leyes», criticó en declaraciones en la emisora de radio «LBC».
Por su lado, la activista Martha Spurrier, directora de la ONG Liberty, manifestó que la propuesta es «un ataque contra nuestros derechos», que «debe ser resistido». EFE
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