México dice a Iberdrola que en el país hay certeza jurídica en generación eléctrica
Ciudad de México, 24 jul (EE).- La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, avisó este jueves a la eléctrica española Iberdrola que «no tendría por qué retirarse de México», pues existen actualmente reglas para que pueda desarrollarse en el país, ante publicaciones que sugieren la posible salida de la firma.
Tras ser cuestionada por esta posible salida, Sheinbaum dijo en su conferencia diaria que «están muy claras cuáles son las reglas actuales para que puedan desarrollarse (…), la inversión privada en generación es viable, es posible, hay los mecanismos, no tiene problema y está la certeza jurídica para que lo puedan hacer».
La mandataria pidió primero ver «si es cierta esta noticia y si es cierta, pues que expliquen (Iberdrola) por qué, pero no tiene que ver con que no haya certeza jurídica».
Asimismo, señaló que «cuando se habla de Estado de derecho, quiere decir que todo el mundo se ponga en regla. Entonces, pues que se pongan en regla (Iberdrola) en el marco de la legislación mexicana, igual que lo hacen en España o en otros lugares del mundo».
Varios medios mexicanos publicaron este jueves una información del sitio web español El Confidencial que apunta que Iberdrola contrató al banco de inversión Barclays para vender 15 plantas de energía renovable en México con el objetivo de dejar el país, ante la preocupación por la estabilidad jurídica y fiscal en la nación.
La información publicada indica que Iberdrola venderá el 45 % de su negocio en México porque tiene dudas sobre la seguridad jurídica que ofrece el Gobierno de Sheinbaum y la región latinoamericana.
La empresa española mantuvo tensiones con la Administración del expresidente Andrés Manuel López Obrador (2018-2024), que en febrero de 2024 culminaron con la compra de 13 plantas eléctricas a Iberdrola por parte del Estado mexicano por alrededor de 6.200 millones de dólares.
En 2023 Iberdrola firmó el acuerdo de venta de 13 plantas de generación eléctrica al mayor administrador de fondos del país, la estatal Mexico Infraestructure Partnerts (MIF), y el Fondo Nacional de Infraestructura (Fonadin), por un valor de 6.200 millones de dólares y que le aportarían 8.539 megavatios (MW).
Al anunciar la adquisición, el presidente López Obrador consideró la compra como una «nueva nacionalización», al otorgar al sector público el 54 % de la generación eléctrica en el país.
Mientras que en los primeros días de su gobierno, que inició el 1 de octubre de 2024, Sheinbaum dejó en claro que las empresas privadas que quieran incursionar en el mercado mexicano de energía, como lo anunció en aquel momento Iberdrola, deberían atenerse a las «reglas». EFE
jmrg/csr/lar
