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Militares retirados de Ecuador enfrentan juicio por presuntos crímenes de lesa humanidad

Guayaquil (Ecuador), 5 nov (EFE).- Seis personas, entre ellas cinco militares retirados que tenían altos cargos, enfrentan desde este miércoles en Ecuador un juicio por presuntos crímenes de lesa humanidad que habrían cometido hace cuarenta años contra integrantes del desaparecido grupo Alfaro Vive Carajo (AVC), la fugaz guerrilla que actuó en el país a principios de los años 80.

La Fiscalía informó que estas «violaciones de los derechos humanos» se produjeron por «la actuación coordinada de estructuras estatales –cadena de mando, inteligencia, custodia e interrogatorio, apoyo médico y operativo– contra personas tratadas como ‘enemigos internos'».

Las víctimas son Luis Vaca, Susana Cajas y Javier Jarrín, del grupo AVC, quienes el 10 de noviembre de 1985 fueron detenidos sin orden judicial en la provincia costera de Esmeraldas, fronteriza con Colombia, por personal militar, y llevados al Batallón Escuela de Ingenieros ‘Montúfar’.

Durante la madrugada del día 11, las tres víctimas fueron trasladadas al Agrupamiento Escuela de Inteligencia Militar (AEIM), en Conocoto, perteneciente a Quito, donde permanecieron en custodia militar y «fueron sometidas a interrogatorios violentos, torturas físicas y psicológicas, y tratos crueles, durante dieciséis días».

Sin embargo, para Vaca esa detención se extendió y «permaneció desaparecido, fuera de toda protección judicial», durante aproximadamente dos años, bajo custodia de miembros de inteligencia militar, y posteriormente fue liberado en Ibarra, en el norte del país.

«Se le mantuvo en el sitio y se le volvió a torturar en reiteradas ocasiones para procurar que él colaborara con las Fuerzas Armadas en esta supuesta lucha antiinsurgente», explicó este miércoles Juan Pablo Albán, abogado de las víctimas.

La Fiscalía señaló que la ejecución material de los hechos recayó en personas subordinadas a la estructura militar jerarquizada, quienes ejecutaron la captura, custodia, interrogatorio y ocultamiento respondiendo a órdenes y control del mando institucionalmente preestablecido.

Los juzgados son Juan Raúl Viteri Vivanco, excomandante de la Escuela de Inteligencia; Manuel Marcelo Delgado Alvear; exdirector de Inteligencia del Ejército; Nelson Bolívar Enríquez Gómez, exjefe de la Unidad de Contrainteligencia; Fernando Ignacio Ron Villamarín, médico del AEIM; Mario Ricardo Apolo Williams, excomandante de la Escuela de Inteligencia; y, Luis Eduardo Piñeiros Rivera, exministro de Defensa.

Al exministro se le atribuye responsabilidad de mando a nivel político-militar superior sobre el sistema de inteligencia militar que ejecutó las detenciones ilegales, retenciones y otros supuestos crímenes.

Mientras que los otros militares son juzgados por su presunta responsabilidad en la dirección operativa de información generada por las unidades de inteligencia del Ejército; de la custodia clandestina de las víctimas; de la continuidad de la retención ilegal y prolongación de la desaparición forzada de Vaca; y del control de personas detenidas como «objetivos de inteligencia».

Al médico, la Fiscalía lo acusa de ser el supuesto responsable directo dentro del esquema de interrogatorio y sometimiento físico y psicológico, incluyendo intervenciones para quebrar la resistencia de las víctimas, y la utilización de sustancias aplicadas sin su conocimiento, identificadas como «suero de la verdad».

Por el número de años que han pasado, los acusados ya están en la tercera edad, pero el abogado Albán señaló que «si ellos pueden o no cumplir efectivamente la pena es una conversación posterior», pero que sí es «necesario que se les haga el reproche».

Está previsto que la audiencia de juicio se extienda por varios días, debido al alto número de pruebas testimoniales y periciales. EFE

cbs/jrh

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