Muerte de mapuche que sacudió cimientos de Policía chilena acaba en condena

Santiago de Chile, 7 ene (EFE).- Dos años después de que el joven mapuche Camilo Catrillanca recibiera un disparo mortal en el sur de Chile, la justicia condenó este jueves a un expolicía por perpetrar el homicidio y culpó a otros seis exagentes y a un abogado de urdir un montaje para esconder el crimen.

«Las pruebas del juicio establecen que idearon de forma previa una estrategia de ir a declarar a la Fiscalía y, en definitiva, aportaron falsos antecedentes a la investigación», declaró el juez Francisco Boero.

Se trata de uno de los casos de violencia policial más emblemáticos de los últimos tiempos, que para muchos expertos marcó el inicio del descrédito que hoy en día sufre el cuerpo policial, agravado tras las protestas contra la desigualdad desatadas a finales de 2019.

El Tribunal Oral en lo Penal de Angol, en la región de la Arauncanía (centro-sur), halló culpable del disparo a Catrillanca al principal acusado, el exagente Carlos Alarcón, que se enfrenta a 15 años de prisión por «homicidio simple consumado» y «homicidio simple frustrado» y cuya pena se conocerá el próximo 28 de enero.

Catrillanca, de 24 años, recibió un disparo en la nuca el 14 de noviembre de 2018 mientras se desplazaba junto a un adolescente de 15 años en un tractor por la comunidad mapuche de Temucuicui, en La Araucanía, y murió horas después en un hospital.

Los policías dijeron en una primera declaración que habían sido emboscados y que el tractor se había cruzado en el tiroteo, pero un peritaje ordenado por la Fiscalía desestimó esa versión.

El propio Alarcón terminó admitiendo que el abogado Cristián Inostroza, también condenado junto a otros seis expolicías por delitos como obstrucción a la investigación, apremios ilegítimos o disparo injustificado, les indicó que debían entregar una versión falsa.

«En el juicio se estableció el conjunto de ardides, de mentiras, que se fraguaran para tratar de encubrir lo que había pasado», admitió el fiscal regional de La Araucanía, Cristián Paredes.

«Se ha demostrado que nadie está por encima de la ley», agregó por su parte el ministro de Interior, Rodrigo Delgado.

«LA CONDENA ES UNA BURLA»

Los altos mandos policiales negaron en un principio la existencia de grabaciones del incidente, pero unas semanas después se difundieron en los medios locales unos vídeos de las cámaras corporales que llevaban los agentes y que desmontaban la versión del intercambio de disparos.

Eso le costó el cargo al entonces general director de Carabineros, Hermes Soto, y puso en la picota al entonces titular del Interior, Andrés Chadwick, que declaró como testigo en el juicio.

Para el padre del joven, Marcelo Catrillanca, la condena es una «burla» y no es «ejemplar», pues alcanza solo a los agentes rasos y no dirime las responsabilidades de los altos mandos.

«La mano del Gobierno está sobre los fiscales y los tribunales (…) No nos quedaremos tranquilos, recurrimos a la justicia internacional y a todos los procedimientos para que alguna vez se pueda hacer justicia», agregó a los medios tras la audiencia.

El independiente Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), querellante en la causa, dijo que «no es un homicidio cualquiera pues se actuó sobre seguro, con alevosía y se violaron derechos humanos».

«Estamos ante una profunda crisis de Carabarineros que reclama una reforma integral», instó su director, Sergio Micco.

El asesinato de Catrillanca, convertido en uno de los símbolos de las manifestaciones del año pasado, fue el primer gran mazazo que recibió el presidente chileno, Sebastián Piñera, y empañó sus planes para amainar la conflictividad en el sur del país.

El crimen desató una escalada de tensión en el denominado «conflicto mapuche», que desde hace décadas enfrenta a algunas comunidades con empresas agrícolas y forestales que explotan tierras consideradas ancestrales. EFE

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