Nueva ley antiterrorista en Sri Lanka inquieta a organización internacional

Nueva Delhi, 7 abr (EFE).- La ley antiterrorista propuesta por el Gobierno de Sri Lanka para remplazar a la norma anterior, tachada de draconiana, suscitó inquietud este viernes a la organización internacional Human Rights Watch (HRW), que consideró que la nueva ley no aborda los problemas previos y continúa violando «sistemáticamente los derechos humanos».

«La ley antiterrorista permitiría al Gobierno de Sri Lanka continuar usando medidas draconianas para silenciar las protestas pacíficas y atacar a las minorías», dijo en un comunicado la directora para el sur de Asia de la organización internacional, Meenakshi Ganguly.

Se refiere así al proyecto de ley que publicó el Gobierno el pasado 22 de marzo para reemplazar a la controvertida Ley de Prevención del Terrorismo (PTA), ampliamente discutida por los amplios poderes que otorga a las fuerzas de seguridad para detener a personas críticas.

La PTA, que lleva en vigor desde 1979 aunque posteriormente recibió varias enmiendas, «condujo a torturas generalizadas y detenciones arbitrarias», denunció HRW, y propició numerosas llamadas de atención de la Unión Europea y Estados Unidos contra su uso en la nación insular.

En respuesta a estas críticas, los sucesivos gobiernos de Sri Lanka se comprometieron durante años a modificar y reemplazar esta ley por otra que respetase los derechos humanos, sin que eso haya sucedido hasta el momento.

Aunque la organización pro derechos humanos admitió que la nueva ley «contiene algunas mejoras», advirtió que facilitará los abusos al ampliar la definición de terrorismo para incluir delitos como daños a la propiedad, hurto o robo, y añadir restricciones a los derechos a la libertad de reunión y de expresión.

«El proyecto de ley parece estar diseñado para otorgar al presidente, la Policía y las fuerzas armadas amplios poderes para detener a personas sin pruebas, convertir formas de expresión vagamente definidas en un delito penal y prohibir arbitrariamente reuniones y organizaciones sin una supervisión judicial significativa», agregó HRW.

En este sentido, la propuesta que el Gobierno tenía pensado llevar al Parlamento en las próximas semanas permitiría al presidente esrilanqués prohibir el acceso a cualquier lugar, con hasta tres años de prisión para los infractores, en lo que el comunicado entiende que es un intento por evitar que se repitan las protestas multitudinarias que sufrió la isla el último año.

Sin embargo, el rechazo que recibió en la última semana por parte de la oposición y de asociaciones como el Colegio de Abogados de Sri Lanka, que criticó su falta de transparencia, llevaron al Gobierno a retrasar hasta mayo su presentación ante el Parlamento, según anunció este jueves a los medios el ministro de Justicia, Wijeyadasa Rajapakshe.EFE

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