ONG advierte que 84 defensores del medioambiente han sido asesinados en México desde 2016
Ciudad de México, 17 jul (EFE).- Desde 2016 hasta la fecha, al menos 84 personas defensoras del medioambiente han sido asesinadas en México posiblemente en relación con su labor, según han indicado este jueves ONG.
De esa cifra 7 eran mujeres y 77 eran hombres; 44 pertenecían a pueblos indígenas y una era afromexicana, precisa en un comunicado el Espacio de Organizaciones de la Sociedad Civil para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas (Espacio OSC).
«A estos hechos se suman múltiples agresiones, como criminalización y hostigamiento judicial, vigilancia, amenazas, desplazamiento forzado y desapariciones», añade el informe publicado el 17 de julio, Día Nacional de las Personas Defensoras del Medio Ambiente.
La ONG señala que este día «es un recordatorio urgente de la deuda que el Estado mexicano mantiene con quienes arriesgan su vida por proteger los territorios, los ecosistemas y los bienes comunes del país».
Además, dice que a cuatro años de su reconocimiento oficial por el Congreso mexicano «esta fecha no solo conmemora, sino que exige justicia frente a la violencia, el despojo y la impunidad que enfrentan quienes resisten el avance de megaproyectos destructivos y el crimen organizado en múltiples regiones del país».
También apunta que «las personas defensoras del medioambiente son clave para frenar la crisis climática, resistir proyectos destructivos», proteger los recursos naturales que sostienen la vida de las personas y preservar las formas de vida indígenas que coexisten en armonía con la naturaleza.
«Su trabajo es especialmente relevante frente al avance de megaproyectos extractivos, infraestructura impuesta, deforestación, acaparamiento de agua y contaminación generalizada, que continúan deteriorando nuestros ecosistemas y exacerbando desigualdades», apunta OSC.
A este contexto, «se suma el avance del crimen organizado en múltiples regiones del país, donde ejerce control violento sobre territorios y recursos».
Explica que actividades como la tala ilegal, la minería clandestina, el tráfico de especies, la apropiación de tierras y el despojo violento de comunidades «se han intensificado, afectando gravemente tanto al medioambiente como a las personas que lo defienden».
«El narcotráfico y las economías criminales están hoy estrechamente vinculadas a la degradación ambiental, generando escenarios de altísimo riesgo», agrega.
OSC recuerda que el Estado mexicano ha aprobado marcos normativos que «deben ser implementados con urgencia adecuadamente», entre ellos, la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas que crea el Mecanismo Federal de Protección creado en 2012.
Mientras que a nivel internacional, México firmó el Acuerdo de Escazú y lo ratificó el 5 de noviembre de 2020.
El Acuerdo regional sobre el acceso a la información, la participación pública y la justicia en asuntos ambientales es el primer tratado en el mundo que establece la obligación de los Estados de proteger a las personas defensoras del medioambiente.
OSC también expresa su «profunda preocupación» por la eliminación del Instituto Nacional de Transparencia (INAI), decisión, que, afirma, «genera un grave vacío institucional que pone en riesgo el derecho fundamental de acceso a la información pública ambiental».
Además, consideran urgente avanzar en la garantía del derecho a la justicia ambiental, asegurando la existencia de jueces y juezas autónomas, con formación especializada en derechos humanos y ambientales, y libres de presiones políticas o económicas. EFE
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