ONG alerta de riesgos de conectividad y violencia a 46 días de los comicios de Honduras
Tegucigalpa, 16 oct (EFE).- El Centro de Estudios para la Democracia (Cespad), que se describe como una iniciativa ciudadana de Honduras, advirtió este jueves que la falta de conectividad, los problemas técnicos en la transmisión de resultados, el incumplimiento presupuestario de órganos de control y el aumento de la violencia política ponen en riesgo la transparencia de los comicios generales en el país del próximo 30 de noviembre.
Durante la presentación del tercer informe de monitoreo electoral, el director del Cespad, Gustavo Irías, reconoció avances en el calendario electoral y en la conformación de comités municipales y departamentales, así como en la contratación de empresas para el sistema de transmisión de resultados (TREP), la biometría, la auditoría externa y la oficialización de la nueva División Política Geográfica Electora
No obstante, dijo, el proceso aún enfrenta desafíos técnicos, políticos y de seguridad que pueden comprometer su buen desarrollo.
Brecha de conectividad y energía
Uno de los principales retos, según el informe, es la falta de conectividad y de suministro eléctrico en centros de votación, lo que podría afectar la transmisión de resultados de los comicios.
Según el Cespad, 1.728 centros — el 30 % de los más de 5.000 — no cuentan con conexión a internet y que más de 600 carecen de energía eléctrica.
«Esto refleja la profunda desigualdad entre las zonas urbanas y rurales», enfatizó Irías, quien recordó que la licitación para contratar servicios satelitales fracasó, y ahora el proceso se desarrolla bajo «una modalidad expedita, con tiempos realmente muy ajustados”.
Transmisión de resultados: riesgo de una nueva crisis poselectoral
El informe identifica también como riesgo la falta de claridad técnica en la transmisión de resultados de los comicios generales, un tema que, dijo Irías, continúa causando «inquietudes».
Aunque el órgano electoral decidió auditar el 100 % de las actas, el Cespad subraya que esa medida requiere una planificación técnica rigurosa para no demorar la publicación oficial de resultados.
Irías alertó que una auditoría sin una logística sólida puede consumir los plazos establecidos por la ley y desencadenar «una nueva crisis postelectoral como la vivida en las primarias” del 9 de marzo, cuando fallas logísticas en Tegucigalpa y San Pedro Sula retrasaron la llegada del material electoral a algunas mesas hasta entrada la noche.
A esos riesgos se suman presiones políticas, como las del gobernante partido Libertad y Refundación (Libre), que exige presencia en el centro de operaciones del sistema de transmisión.
El incumplimiento del presupuesto especial destinado al Tribunal de Justicia Electoral (TJE) y a la Unidad de Política Limpia, ents de reciente creación cuyo funcionamiento sigue siendo limitado por «falta de voluntad política», también fue señalado como una grave omisión institucional.
La falta de financiamiento “nos parece una clara expresión de la baja calidad de la democracia hondureña”, pues limita la capacidad de esos órganos para supervisar el uso de recursos de campaña y sancionar irregularidades, explicó Irías.
Violencia política y obstáculos institucionales
El informe concluye que la violencia política y electoral continúa siendo uno de los principales factores de «distorsión democrática» en Honduras.
Irías lamentó episodios como el asesinato del aspirante a diputado Jorge Óscar Bustillo, las amenazas contra la consejera presidenta del CNE, Ana Paola Hall, y las denuncias de agresiones a periodistas y candidatos.
Cespad documentó más de 50 denuncias de violencia política contra mujeres candidatas, quienes, dijo Irías, “no cuentan con un marco jurídico que las proteja y sancione a los agresores”.
Además, el organismo alertó sobre la no conformación del Consejo Consultivo Electoral, instancia prevista por la ley para canalizar denuncias y fortalecer el diálogo entre partidos y el CNE.
“Este consejo debió estar constituido desde agosto. Su ausencia limita el espacio formal de interlocución y reduce los canales institucionales para formular recomendaciones técnicas o verificar la actualización del censo”, puntualizó Irías. EFE
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