Opositores nicaraguenses: ley que adjudica tierra fronteriza al Estado vulnera a indígenas

San José, 10 ago (EFE).- Una ley que declara propiedad del Estado de Nicaragua una franja de 15 kilómetros a lo largo de todas las fronteras del país, «vulnera la seguridad e integridad de los pueblos indígenas y sus territorios», advirtió este domingo la opositora Unidad Nacional Azul y Blanco.

La Ley de Territorio Fronterizo vulnera también la seguridad y la integridad «de todos los grupos que habitan en las zonas fronterizas de nuestro país», indicó en una declaración la Unidad Nacional, integrada por opositores desnacionalizados y en el exilio, entre otros.

«Desde la Unidad Nacional queremos expresar nuestro compromiso con la defensa de la autonomía, el derecho a sus territorios, la reproducción de sus culturas, la libertad para organizarse y establecer sus propias formas de gobierno», señaló esa agrupación opositora.

La Ley de Territorio Fronterizo, que fue aprobada de forma expedita el martes pasado sin ser consultada en una comisión, y promovida por el Gobierno que dirigen los esposos y copresidentes, Daniel Ortega y Rosario Murillo, define y establece como «territorio fronterizo» el área del territorio nacional comprendido desde el límite fronterizo convencional hasta los 15 kilómetros hacia el interior.

Esta delimitación crea una zona de control especial bajo el resguardo del Ejército de Nicaragua.

En la víspera, la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de Estados Unidos alertó a los estadounidenses de tener cuidado de invertir en Nicaragua tras la aprobación de esa ley, que calificó de «confiscación masiva».

La medida, que según críticos afecta tanto a propiedades privadas como comunales, ha generado preocupación entre organizaciones de derechos humanos, movimientos políticos de oposición y gobiernos de la región.

El economista nicaragüense desnacionalizado Juan Sebastián Chamorro advirtió que el declarar propiedad estatal un radio de 15 kilómetros a lo largo de todas las fronteras no solo afectará ciudades enteras, sino también negocios, cultivos y actividades productivas como camaroneras y plantaciones de naranja, entre otras.

La ley no establece mecanismos claros de compensación ni consulta previa para las comunidades y propietarios que se verán afectados, lo que ha generado fuertes cuestionamientos. EFE

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