Paso a paso, el recorrido de la ley de eutanasia que Uruguay se encamina a votar

Alejandro Prieto

Montevideo, 11 ago (EFE).- Cinco años después del primer impulso hacia la legalización de la eutanasia en Uruguay, el nuevo proyecto de ley de «muerte digna» apoyado por el oficialismo y parte de la oposición está a horas de ser sometido a votación en la Cámara de Representantes.

Distinto al que, tras ser aprobado en la Cámara Baja en 2022, quedó estancado y no fue votado en el Senado, el nuevo proyecto busca garantizar el derecho a «transcurrir dignamente el proceso de morir» mediante la despenalización de la eutanasia en los mayores de edad psíquicamente aptos que atraviesen la etapa terminal de enfermedades incurables e irreversibles o que padezcan por ellas «sufrimientos insoportables».

«Podrán ampararse a las disposiciones contenidas en esta ley los ciudadanos uruguayos naturales o legales y los extranjeros que acrediten fehacientemente su residencia habitual en el territorio de la República», cita el texto, que detalla luego el paso a paso del procedimiento para la eutanasia.

Marco legal y puntapié inicial

Sin mencionar de forma explícita la eutanasia activa, el Código Penal de Uruguay dispone en su artículo 315 una pena de entre seis meses y seis años de cárcel al que «determinare a otro al suicidio o le ayudare a cometerlo».

Aunque el Código dice en otro artículo que los jueces pueden exonerar del castigo al que cometa un homicidio «piadoso» movido por súplicas de la víctima, no hay garantías de que esto ocurra y la eutanasia es además rechazada por el Código de Ética Médica del país; el que, de aprobarse, la nueva norma modificaría.

Si bien en 2009 el Parlamento aprobó la «ley de Voluntad anticipada», que, reglamentada en 2013, permite que pacientes terminales se opongan a recibir tratamientos médicos que prolonguen su vida, en 2019 el exgerente de la Asociación Uruguaya de Fútbol Fernando Sureda, diagnosticado con Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), pidió legalizar la eutanasia.

Movido tanto por el planteamiento de Sureda -que alcanzó visibilidad a través de los medios de comunicación- como por el apoyo de otros colectivos sociales y tras un ateneo en el que el Sindicato Médico del Uruguay comenzó a debatir el tema, en marzo de 2020 el entonces diputado por el Partido Colorado (PC) Ope Pasquet impulsó un proyecto de ley de eutanasia.

A fines de 2021, si bien el primero ya estaba siendo estudiado por la Comisión de Salud, el diputado por el Frente Amplio (FA) Luis Gallo presentó otro alternativo que finalmente en julio de 2022 los legisladores del PC y el FA fusionaron en un único proyecto.

Estancamiento y nuevo comienzo

Pese a que el 6 de octubre de 2022 este fue aprobado en la Cámara de Representantes por 57 votos a favor y 39 en contra, el proyecto quedó a estudio de la Comisión de Salud de la Cámara de Senadores, donde no hubo suficientes apoyos de legisladores de la entonces coalición de centroderecha oficialista para llevarlo al pleno.

Por otro lado, en agosto del 2023 el Parlamento aprobó una ley impulsada en 2020 por la Sociedad Uruguaya de Medicina y Cuidados Paliativos (SUMCP) que busca universalizar el acceso a los cuidados paliativos en el país, donde, hasta entonces, solo el 41 % de la población podía acceder a ellos.

Transcurridas las elecciones de octubre de 2024 y tras la asunción del nuevo Parlamento el pasado febrero, un proyecto basado en éste pero con nuevas modificaciones, como la de que sea necesaria una junta médica si los dos médicos que deben autorizar el procedimiento discrepan, entró a la Comisión de Salud de la Cámara Baja, donde ya cuenta con el visto bueno para ir al pleno.

Allí está previsto que el proyecto, titulado ahora «Muerte digna», cuente con los votos a favor de la bancada del oficialista FA -dentro de la cual solo un diputado se abstendría por motivos religiosos- y de una mayoría dentro de la del PC.

En filas del también opositor Partido Nacional está previsto que sean varios los que, alineados con el diputado Rodrigo Goñi, uno de los principales detractores, voten en contra, mientras que también son contrarios a la aprobación de la norma los diputados del «antiagendista» Identidad Soberana y de Cabildo Abierto. EFE

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