Patria y oro: El Sahel alimenta el nacionalismo levantándose contra el expolio de recursos
Irene Escudero e Issa Ousseini
Madrid/Niamey, 12 jun (EFE).- Los nuevos gobiernos del Sahel han visto en sus recursos naturales un filón para alimentar el nacionalismo que llevan por bandera y a golpe de anuncios de nacionalizaciones o de abrir litigios con empresas extranjeras, los gobiernos golpistas de Mali, Níger y Burkina Faso han conseguido unir voces bajo la premisa de parar el expolio.
“Sabemos cómo extraer nuestro oro y no entiendo por qué vamos a dejar a las multinacionales venir y llevárselo”, decía el presidente burkinés, Ibrahim Traoré, el pasado octubre cuando se cumplían dos años de que llegase al poder.
Burkina ha nacionalizado desde entonces dos minas de oro operadas por Endeavour Mining (con sede en Londres) y Lilium Mining (en Washington); ha anunciado la suspensión de exportaciones y también ha inaugurado su primera refinería de oro.
Pero no es el único. Mali -tercer mayor productor africano de oro- ha subido las regalías para las empresas extranjeras y ha nacionalizado la mina de Yatela, después de llegar a un acuerdo con la sudafricana AgloGold Ashanti y la canadiense Iamgold, que hasta entonces tenían un 40 % cada una.
Y Níger -quinto productor mundial de uranio- mantiene un litigio con la francesa Orano para expulsarla del yacimiento de Imouraren -que produce anualmente unas 5.000 toneladas de este mineral radiactivo y tiene en sus entrañas 200.000 toneladas- y le ha retirado el permiso de explotación.
Tomar las riendas
“Los recursos naturales de estos países no fueron cedidos voluntariamente a las multinacionales; han sido fruto de presiones por parte de las instituciones de Bretton-Woods por la crisis de la deuda, que empezó en los 90”, recuerda a EFE el experto en el Sahel Dagauh Komenan.
Entonces los países africanos firmaron “acuerdos muy desventajosos, con los que, en el mejor de los casos, se quedaban con un 20 % de los beneficios mientras que la compañía se llevaba un 80 %”.
El fulgor nacionalista de los nuevos gobiernos del Sahel, que justificaron sus golpes en un sentimiento anticolonialista y en el fracaso de políticas antiterroristas impuestas por Occidente, han visto también en el expolio un punto de acercamiento al pueblo.
“Se le retirará la licencia de exploración o explotación a cualquier empresa minera o petrolera si incumple las disposiciones reglamentarias contractuales”, advertía el presidente de Níger, Abdourahamane Tchiani.
Desde el golpe de Estado de julio de 2023, las autoridades militares nigerinas siguen trabajando con multinacionales para explotar minerales, pero quieren convertir al Estado en un actor clave, creando dos empresas estatales: Mazoumawa National Gold Company (MNGC) para el oro y Timersoi National Uranium Company (TNUC) para el uranio.
Fuga de oro
El problema histórico es el poco control estatal sobre la industria y la cantidad de minerales que se sacan al exterior sin pagar impuestos.
Según un informe de Swissaid de 2024, más de 435 toneladas de oro salieron de contrabando de África en 2022, la mayoría a Emiratos Árabes Unidos, desde donde el oro es vendido legalmente.
La política de “extracción bruta” desarrollada “hace que no haya un verdadero control sobre la cantidad real de minerales que se extraen del país”, apunta Komenan.
El 95 % de la producción artesanal de oro de Burkina Faso está fuera del control estatal y solo el 8 % del oro exportado fue declarado en 2022, según el informe. Sin embargo el peso económico es significativo: la producción de oro supuso el 16,1 % del PIB burkinés de 2022 y el 75,2 % de todas las exportaciones, según el FMI.
Nacionalizar con peros
El alto número de minería artesanal y el poco control estatal levanta dudas sobre si los gobiernos del Sahel podrán hacerse cargo de sus propios recursos.
Según Abasse Mounkaïla, del sindicato de trabajadores de las minas de Níger (Synpamin), “Níger cuenta con todas las competencias humanas locales en toda la cadena de producción para continuar extrayendo uranio sin necesidad de experiencia externa. El único desafío importante es la movilización de los fondos necesarios”.
Por ello, a pesar de los anuncios de nacionalizaciones, la mayoría de empresas extranjeras siguen operando en el Sahel, aunque los gobiernos están obligando a cumplir sus nuevas reglas.
El pasado 18 de marzo, el gobierno nigerino criticó a la China National Petroleum Corporation (CNPC), y su “falta de voluntad real” para cumplir con la nueva legislación, que exige uniformar las escalas salariales entre los trabajadores expatriados chinos y los nigerinos, e incluir más nacionales en puestos clave.
Tras dos notificaciones formales, el gobierno decidió expulsar a directivos chinos de la CNPC.
El grito nacionalista ha tomado las minas, pero los gobiernos del Sahel “son conscientes de sus limitaciones y se han dado cuenta de que pueden usar los recursos naturales que tienen como moneda de cambio”, subraya Komenan. EFE
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