Perú se toma unos días para ver «a fondo» si deja a ex primera ministra asilarse en México
Lima, 5 nov (EFE).- El ministro de Relaciones Exteriores de Perú, Hugo de Zela, expresó que el Gobierno de transición de Perú tomará unos días para analizar «a fondo» la Convención de Caracas que regula el asilo político para decidir si da el salvoconducto a Betssy Chávez, ex primera ministra del expresidente Pedro Castillo, a quien el Gobierno de México tiene asilada en su embajada en Lima.
«El problema del asilo y el problema del salvoconducto son problemas jurídicos complejos que requieren un análisis muy a fondo, en eso estamos», dijo De Zela en una entrevista a Perú21 publicada este miércoles sobre el caso de Chávez, enjuiciada junto a Castillo por rebelión y conspiración a causa del fallido intento de golpe de Estado que el exmandatario trató de dar en 2022.
El canciller precisó que ha pedido al área jurídica del Ministerio de Relaciones Exteriores que haga «un análisis a fondo de la Convención de Caracas (firmada en 1954 por los Estados miembros de la Organización de los Estados Americanos), no tomando un solo artículo, sino analizando, como se debe hacer, la Convención en su conjunto».
«Vamos a esperar unos días a recibir ese informe y ahí les contaré cuáles son los resultados», expresó el jefe de la diplomacia peruana, pues la Convención permite al estado asilante decidir si el solicitante es víctima de persecución política, pero también establece que no aplica para delitos comunes.
Del mismo modo, el presidente interino de Perú, José Jerí, dijo a CNN en unas breves declaraciones que el Ejecutivo sigue evaluando otorgar el salvoconducto y estimó que este viernes probablemente se conozca la postura definitiva del país andino sobre esta cuestión.
El Gobierno de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, comunicó el lunes que Betssy Chávez se encontraba en su embajada en Lima y que le había concedido el asilo político frente al juicio por el frustrado golpe de Estado, con solicitudes de penas por parte de la Fiscalía de 34 años de prisión para el expresidente y 25 años para la ex primera ministra.
Esto llevó a que el Gobierno peruano anunciara el lunes que rompía las relaciones diplomáticas con México, que desde inicios de 2023 ya funcionaban sin embajadores al no reconocer México la legitimidad del Gobierno de la presidenta Dina Boluarte, quien reemplazó a Castillo tras su detención y destitución.
El Ejecutivo peruano defiende que a la ex primera ministra se le juzga por presuntamente haber cometido un delito, no por sus ideas.
«A la señora Betssy Chávez no se le está procesando por sus ideas. Se le está procesando porque existe la presunción de que cometió un delito. Es totalmente distinto», declaró De Zela.
Críticas al Gobierno de México
El canciller también reiteró sus críticas al Gobierno de México al que señala de haber tomado «una postura ideologizada sobre lo que ocurre en el Perú» y esto ha sido la raíz del problema diplomático.
«El Gobierno de México pretende decirle al Perú lo que tenemos que hacer y eso es absolutamente inaceptable. Eso es injerencia en asuntos internos», indicó.
También volvió a descartar que el país andino vaya a realizar ninguna operación policial o militar en la propia Embajada de México, donde permanece desde el lunes Chávez, lo que zanjó cualquier rumor sobre un asalto policial similar que el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, ordenó el año pasado a la sede diplomática de México en Quito para detener al exvicepresidente correísta Jorge Glas.
«El Perú es un país respetuoso del derecho internacional. Nosotros no vamos a entrar por la fuerza en la embajada de México. Eso simplemente no va a ocurrir», sentenció De Zela. EFE
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