Portugal busca acabar con la nacionalidad por derecho y quiere una Policía de Fronteras

Laia Mataix Gómez

Lisboa, 23 jun (EFE).- El Gobierno de centroderecha de Portugal aprobó este lunes una gran reforma que modificará, de ser aprobada por el Parlamento, las leyes migratorias en el país buscando dificultar y frenar la llegada de extranjeros.

En un endurecimiento de su aproximación a la política migratoria, el Gobierno portugués quiere introducir profundos cambios en la Ley de Nacionalidad y la de Extranjería, así como la creación de una policía de fronteras.

Policía de Fronteras

El primero de los grandes cambios llega de la mano de la instauración de una Unidad Nacional de Extranjería y Fronteras en el seno de la Policía de Seguridad Pública (PSP).

«Portugal debe volver a tener una policía de fronteras (…) que controle las fronteras a la entrada, que realice inspecciones en todo el territorio nacional y que expulse y devuelva a aquellos que no cumplan las normas», informó el portavoz del Ejecutivo, António Leitão Amaro, en una rueda de prensa tras una reunión del Consejo de Ministros.

El país ibérico actualmente no cuenta con una policía fronteriza como tal tras la extinción en 2021 del Servicio de Extranjeros y Fronteras (SEF) después de la muerte de un ucraniano bajo custodia, que hizo que sus funciones de seguridad se repartieran entre varios cuerpos.

El gran cambio, la Ley de Nacionalidad

La segunda de las propuestas es una modificación de la Ley de Nacionalidad, para que los extranjeros se enfrenten a más «exigencias», como «un vínculo auténtico, sólido y duradero con Portugal», dijo el portavoz, sin detallar cuál será el barómetro para justificarlo.

Uno de los mayores cambios es el fin de la ciudadanía por derecho.

Para que un descendiente de extranjeros nacido en Portugal consiga la ciudadanía portuguesa se exigirá que los padres tengan residencia legal durante un periodo mínimo de tres años.

Además, continuó Leitão Amaro, no se concederá por defecto, sino solo si los progenitores expresan voluntad positiva de tenerla.

También se busca aumentar el periodo mínimo de residencial legal para optar a la nacionalidad -hasta ahora de 5 años- a 7 años para los nacionales de países lusófonos y 10 años para los ciudadanos de otros países, con la introducción del requisito de que se contará «desde que se obtiene el permiso de residencia».

En un nuevo escalón para la obtención de la ciudadanía portuguesa, se exigirá «un conocimiento suficiente de la lengua y de la cultura portuguesa», así como «conocimiento suficiente de los deberes y derechos fundamentales inherentes a la nacionalidad portuguesa y a la organización política de la República Portuguesa».

El portavoz del Gobierno no detalló cómo será la forma de validar estos nuevos requisitos.

Expulsión por delitos graves

El Ejecutivo busca, además, introducir un mecanismo de pérdida de la nacionalidad en el caso de los ciudadanos naturalizados si se comenten delitos de gravedad, como el asesinato o la violación, o para los condenados por cinco o más años por espionaje, terrorismo o traición al Estado.

Judíos sefardíes y naturalización por ascendencia

En paralelo, dentro de las modificaciones a la Ley de Nacionalidad, el Gobierno desea la extinción del régimen de naturalización para descendientes de judíos sefardíes portugueses, ya que el Gobierno entiende que «era de carácter excepcional».

Asimismo, se añaden restricciones para conseguir la nacionalidad por ascendencia portuguesa, que ahora llegará solo hasta los bisnietos.

Trabas a la reagrupación familiar

La otra gran alteración está relacionada con la Ley de Extranjeros, específicamente con la reagrupación familiar, ya que, de aprobarse en el Parlamento, se exigirá un mínimo de dos años de residencia legal para ejercer este derecho.

Igualmente, se limitará la posibilidad de solicitar la reagrupación familiar en territorio nacional a los menores.

«Otros (casos de) miembros de la familia que no sean menores de edad sólo podrán ser analizados y aplicarse el reglamento familiar si se encuentran fuera del territorio nacional», subrayó el portavoz del Gobierno.

Se exigirá que se cuente con una «vivienda adecuada», que los medios de subsistencia «sean suficientes» y que «no impliquen ni supongan la percepción de prestaciones de asistencia social». EFE

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