Prisión preventiva en Ecuador a cabecilla del Frente Iván Ríos, una disidencia de las FARC

Quito, 15 sep (EFE).- Un juez de Ecuador ordenó prisión preventiva para Ángel Polibio Quendi Güiz alias El Indio, considerado cabecilla del Frente Iván Ríos, grupo criminal disidente de las extinta guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), y quien estaría vinculado a actividades de minería ilegal en zonas de la frontera de Ecuador con Colombia.

De esta forma, el magistrado aceptó la petición de la Fiscalía de Ecuador, quien solicitaba su ingreso en prisión por presunta tenencia y porte no autorizado de armas, municiones o componentes de uso privativo de las Fuerzas Armadas.

El Indio fue detenido por el Ejército ecuatoriano el pasado sábado en la provincia andina del Carchi, fronteriza con Colombia.

El general de brigada Fernando Silva, comandante de la cuarta División de Ejército Amazonas, declaró que durante un operativo realizado la madrugada del sábado, en el sector de Maldonado, detectaron a un individuo con municiones y una subametralladora calibre 45, de uso militar.

«Es un blanco de alto valor para nosotros debido a que él sería el responsable de diferentes actos ilegales en todo lo que es la zona minera, desde extorsiones (…), inclusive asesinatos selectivos que podrían estar vinculados a este delito», dijo el general.

El arrestado, según Silva, es un exmiembro de las FARC, específicamente el segundo al mando del grupo disidente Frente Iván Ríos, «que estaría a cargo de todo lo que es la minería ilegal» en el sector.

Tiene documentación ecuatoriana

Según Silva, el detenido tiene una cédula de identidad ecuatoriana y otra colombiana. Detalló que la ecuatoriana se emitió el 8 de marzo de 2013 en la ciudad ecuatoriana de Nueva Loja (Lago Agrio), de la provincia amazónica de Sucumbíos, fronteriza con Colombia.

El detenido, «estaría dedicado a algunas actividades como la custodia de minería ilegal».

«Él estaría vacunando (extorsionando) a todos los mineros ilegales» con montos que superarían los «300 dólares por cada bocamina que se abre de forma ilegal», dijo Silva. EFE

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