Prisión preventiva para 4 de los 10 capturados en Ecuador por presunta trata de personas
Quito, 16 oct (EFE).- La justicia ecuatoriana ordenó este jueves la prisión preventiva para cuatro de los diez capturados el miércoles en el sur del país, en el marco de un caso que investiga la presunta trata de personas con fines de explotación sexual.
El operativo ‘Código Fénix 313’, en el que fueron aprehendidas las diez personas, se desarrolló en las ciudades de Loja y Cuenca, a través de la Unidad Nacional de Investigación contra la Trata de Personas y Delitos Conexos (UNAT), en coordinación con la Fiscalía y el organismo internacional OUR Rescue.
Este jueves, la Fiscalía informó de que luego de haber analizado los elementos de convicción presentados, el juez de Garantías Penales de Loja dispuso prisión preventiva para Marco C., Thalía V., Tatiana M. y María C., por su presunta participación en el delito de trata de personas con fines de explotación sexual.
Para Martha M., Wilson Samuel T., Santiago T., Wilson José T., Edwin Ch. y Mary C., también procesados en esta causa, se dictaron medidas alternativas de presentaciones periódicas y prohibición de salida del país.
Además, el magistrado ordenó la prohibición de enajenar bienes, el congelamiento de las cuentas que los procesados mantienen en el Sistema Financiero Nacional y el inicio de la instrucción fiscal por un plazo de noventa días.
Tras seis meses de investigación, se ejecutó el operativo que permitió la detención de los diez sospechosos que estarían implicados en el delito de trata de personas con fines de explotación sexual en la provincia de Loja, indicó la Fiscalía al señalar que entre ellos se encuentran los dueños y administradores de los hostales que habrían sido utilizados para cometer el delito.
El caso se originó tras el rescate de una adolescente, en 2024, de un hostal en Loja, quien era víctima de explotación sexual. Con esa información se logró identificar una presunta red de personas vinculadas al delito.
En la audiencia de formulación de cargos, la Fiscal del caso señaló que, con base en las investigaciones llevadas a cabo, se determinó que las víctimas eran reclutadas a través de redes sociales, desde donde recibían indicaciones del trabajo que debían hacer.
Se ejecutaron cuatro allanamientos en las provincias de Loja y Azuay, ambas en el sur del país, durante los cuales se incautaron dispositivos móviles, documentos, dinero en efectivo y otras evidencias, que fueron presentadas como parte de los elementos de convicción.
Además, se incorporaron los partes policiales de aprehensión y las versiones de los agentes que participaron en el operativo, así como los informes preliminares de investigación y el de reconocimiento del lugar de los hechos, entre otros. EFE
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