Procuraduría de Colombia demanda el convenio con Portugal para la producción de pasaportes
Bogotá, 16 oct (EFE).- La Procuraduría (Ministerio Público) de Colombia presentó una demanda para anular el convenio suscrito entre la Cancillería, la Imprenta Nacional y la Casa de la Moneda de Portugal para la producción del nuevo modelo de pasaportes, un caso en el que ya son investigados varios funcionarios y exfuncionarios del Gobierno de Gustavo Petro.
En la demanda, divulgada este jueves por medios locales, el organismo público solicita al Tribunal Administrativo de Cundinamarca la «nulidad absoluta del contrato estatal», firmado el pasado 18 de julio por más de un billón de pesos (unos 255 millones de dólares).
También pide al tribunal que ordene a la Casa de la Moneda de Portugal devolver el dinero que haya recibido hasta la fecha para la ejecución del convenio.
El Ministerio Público sostiene, por un lado, que los aportes de la empresa extranjera solo correspondían al 21 % del valor total del contrato, sin cumplir el requisito legal de financiación mínima del 50 %. Por otro lado, señala la omisión de un proceso competitivo de selección.
Tras conocer la demanda, el presidente Petro dijo en su red social X que se aparta «por completo del procurador en este tema» y aseguró que «el país tiene derecho a que su imprenta sea capaz de hacer los documentos de identificación de su ciudadanía» porque «los datos íntimos de la ciudadanía no deben quedar en manos privadas comerciales».
El mandatario agregó que ya vio el nuevo modelo de pasaportes y «será el cuarto en calidad en el mundo».
Por posibles irregularidades en la implementación del nuevo modelo de pasaportes, la Procuraduría ya había iniciado en meses anteriores investigaciones disciplinarias contra la canciller, Rosa Villavicencio, y los excancilleres Laura Sarabia y Luis Gilberto Murillo, así como el exjefe del Despacho Presidencial Alfredo Saade.
La polémica con los pasaportes comenzó en 2023 cuando el entonces canciller, Álvaro Leyva, suspendió el contrato con Thomas Greg & Sons, encargada del proceso durante los últimos 17 años, alegando que en la última licitación no hubo libre competencia.
Para remplazar a esa firma, el Gobierno de Petro firmó un memorando de entendimiento y luego un acuerdo con Portugal y la Imprenta Nacional, a pesar de advertencias de que esta última carecía de la capacidad técnica necesaria para la elaboración de los documentos. EFE
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