Suiza, en situación difícil por los derechos de los fármacos COVID-19

Cuando una vacuna o un tratamiento contra la COVID-19 resultan efectivos, al principio es poco probable que haya suficiente para todos. © Keystone / Gaetan Bally

Cuando se trata de invertir y beneficiarse de la innovación médica para hacer frente a la COVID-19, Suiza se ve atrapada entre la práctica establecida y la solidaridad mundial.

La economía del país alpino y su (autoproclamada) identidad como motor de la innovación dependen, en gran medida, de los derechos y beneficios vinculados a las patentes. Y Suiza tiene el mayor número de solicitudes de patentes per cápita de Europa, gran parte de ellas, en el campo biomédico.

Por eso, los llamamientos que –durante la crisis del coronavirus– han realizado los defensores de la salud y algunos gobiernos para que la protección de las patentes se suavice y así resulte más fácil acceder a los medicamentos y a las vacunas han causado cierto malestar en Suiza. A medida que más países respaldan un régimen de patentes más flexible para la COVID-19, Suiza se enfrenta tanto a la industria como a la solidaridad mundial.       

El Gobierno suizo apoyó una resolución de la Asamblea Mundial de la Salud, celebrada en Ginebra la semana pasada, que pedía “la puesta en común voluntaria y la concesión de patentes para combatir la COVID-19”. Otros llamamientos para anular o eliminar por completo las patentes mediante la concesión de licencias obligatorias, licencias abiertas o la denominada “vacuna popular”, sin embargo, no han sido tan bien recibidos.

Gaétan de Rassenfosse, profesor de Innovación y propiedad intelectual en la Escuela Politécnica Federal de Lausana (EPFL), ha revelado a swissinfo.ch que “Suiza se toma muy en serio los derechos de propiedad intelectual y no va a debilitar el sistema tan fácilmente”.  

Si bien el debate mundial se centra en la crisis actual, la ruptura de las posiciones consolidadas y las leyes sobre la protección de patentes podrían dar el pistoletazo de salida al debate sobre las patentes en otras áreas (como el cáncer y las enfermedades raras) en las que los precios se han vuelto prohibitivos para algunos sistemas de salud pública.


Terreno familiar

En los círculos de la salud pública muchos ven un precedente en lo que sucedió, hace un par de décadas, cuando los medicamentos para el VIH entraron en el mercado. La exclusividad del mercado mantuvo los precios tan altos que, en la práctica, quedaron excluidos los países menos prósperos (que también eran los que más necesitaban los medicamentos).     

En 2001, Roche bajó el precio de su medicamento contra el VIH Nelfinavir un 40%. Y lo hizo después de que el Gobierno brasileño amenazara con utilizar la licencia obligatoria, una cláusula de la ley de propiedad intelectual que permite a los países bajo ciertas condiciones conceder, a los organismos de salud pública o a los fabricantes de genéricos, licencias sin el consentimiento del titular de la patente.

La COVID-19 ha devuelto el tema al primer plano con mayor urgencia, ya que miles de millones de dinero de los contribuyentes (incluidos los de Suiza) se destinan a la investigación de vacunas y ensayos clínicos. Esto ha creado un efecto dominó nacionalista, ya que cada vez un mayor número de países reivindica sus esfuerzos de investigación y desarrollo.  

En Suiza se ha planteado la cuestión de si el país alpino será el primero en acceder a los diagnósticos, tratamientos o vacunas descubiertos o producidos en su territorio por empresas como Roche o Lonza. La semana pasada el Gobierno anunció que está negociando con los fabricantes (reservando 300 millones de francos) para asegurar el acceso de la población a una vacuna.

Con las cartas en la mano

Mientras los gobiernos se empeñan en asegurar un acceso especial a cualquier solución prometedora, la mayoría de los gigantes farmacéuticos que trabajan en los productos contra la COVID-19 intentan mantenerse fuera del punto de mira –al menos públicamente– hablando de la “colaboración sin precedentes” de la industria y de la necesidad de solidaridad.

“Entre los líderes de la industria percibo una verdadera responsabilidad. No queremos echar a suertes quién recibe nuestros medicamentos y nuestras vacunas”, ha declarado Thomas Cueni, el director general de la Federación Internacional de Fabricantes y Asociaciones Farmacéuticas (IFPMA), con sede en Ginebra.

Cueni señala que los dirigentes de las empresas farmacéuticas suizas son conscientes de que la demanda de nuevos tratamientos y vacunas podría superar a la oferta, pero que lucharán enérgicamente contra la pérdida de la protección de patentes.

En su lugar, las empresas exploran la posibilidad de conceder licencias voluntarias y los mecanismos existentes, como el Banco de Patentes de Medicamentos, que se centran en el acceso de los países más pobres, como parte del “arsenal de opciones para hacer accesible cualquier producto COVID-19”, dice Cueni.

Los gigantes de la industria farmacéutica también esperan evitar las cuestiones sobre patentes incrementando la oferta. Un portavoz de Roche ha explicado a swissinfo.ch que están aumentando la producción de Actemra, medicamento contra la artritis que en estos momentos está en fase de ensayo clínico contra la COVID-19, y que aspira a duplicar con creces la producción de su prueba de anticuerpos del coronavirus, hasta alcanzar más de 100 millones de pruebas al mes para finales de año.

No obstante, la empresa admite que la demanda de pruebas “superará a la oferta en un futuro previsible” y alienta a los países a que den prioridad a quienes tengan síntomas claros.  


Moneda de cambio

Depender de la acción voluntaria de la industria podría paralizar la respuesta mundial a la pandemia, según Patrick Durisch, de la ONG suiza Public Eye. “Contar con el mayor número posible de productores y poner las soluciones para la COVID-19 a disposición de quien las necesite es de interés público y mundial. Las empresas están tratando de mostrar buena voluntad donando medicamentos y compartiendo sus estudios de moléculas, pero no quieren renunciar al control de la fabricación y a las patentes”, sostiene Durisch.

Public Eye es uno de los más de 70 organismos y particulares que demandan a los gobiernos (incluido el suizo) que apoyen la centralización de derechos y las licencias abiertas para todas las tecnologías necesarias para la prevención, detección y tratamiento de la COVID-19.

Esto incluye no solo las fórmulas de los medicamentos sino también los “secretos comerciales”, incluyendo la tecnología y los procesos de fabricación, dice Durisch.

El experto en innovación Gaétan de Rassenfosse mantiene que es poco factible que las empresas renuncien al control. “Lo más probable es que [las empresas] utilicen las patentes como moneda de cambio con cada gobierno o para recibir alguna compensación. Si no patentan, se quedarán sin nada que intercambiar”, señala.

Desde que comenzó la crisis, el Instituto Federal Suizo de Propiedad Intelectual (IPI) ha recibido más de una docena de solicitudes de patentes relacionadas con la COVID-19, según ha declarado a swissinfo.ch un portavoz. No está claro cuántas corresponden al sector biomédico.

La Oficina Europea de Patentes se ha negado a compartir los resultados de las solicitudes de patentes relacionadas con este brote de coronavirus, argumentando que es demasiado pronto para divulgar dicha información y señalando que las solicitudes de patentes son confidenciales durante 18 meses.

Sopesando los riesgos

En algunos otros países las empresas pueden no tener más remedio que compartir sus conclusiones. Alemania y Canadá han modificado sus leyes para facilitar la concesión de licencias obligatorias durante la crisis del coronavirus. Israel también ha emitido una autorización que le permite importar de India una versión genérica del Kaletra de AbbVie para pacientes con coronavirus.

De Rassenfosse dice que, aunque es legal, la propuesta conlleva un riesgo para Suiza. “Cualquier país que agresivamente fuerce a las empresas a renunciar a los derechos de patente debería esperar un cambio en el interés de las empresas por ese mercado”, indica. 

Las licencias obligatorias son una “medida extraordinaria” y no deben utilizarse como una amenaza o como un instrumento político habitual, ya que tienen un “efecto desalentador en la innovación”, dice Cueni a swissinfo.ch. Un portavoz de la Oficina Federal de Salud Pública de Suiza(OFSP) también ha declarado a swissinfo.ch que la OFSP lo considera como un “último recurso”.

Antes de la pandemia, muchas compañías evitaban la investigación y el desarrollo de vacunas y antibióticos porque ofrecían pocas perspectivas de beneficio.

“Si los países emiten o incluso amenazan con licencias obligatorias, las empresas privadas podrían renunciar a sus actividades de I+D para vacunas o tratamientos contra la COVID-19. Esto no es lo que pretende Suiza”, ha manifestado a swissinfo.ch Felix Addor, vicedirector del IPI.

La cooperación con los propietarios de las patentes, añade Addor, es una forma más prometedora y segura de encontrar un medicamento eficaz. Conceder licencias para que otros fabriquen puede hacer que el precio baje sin reducir la legislación de patentes.

El dilema de la innovación

El debate plantea una cuestión más profunda, ¿las patentes benefician o perjudican la innovación?

Roche no ha dicho si está dispuesta a participar en un consorcio tecnológico mundial, pero un portavoz ha declarado a swissinfo.ch que “la protección de la propiedad intelectual es esencial para la innovación médica y necesaria para abordar los retos sanitarios a los que nos enfrentamos hoy en día”.  

Las empresas invierten miles de millones en investigación. A veces, durante décadas, y en algunos casos, con un 1% de posibilidades de éxito, según sus propias estimaciones. “Todo el sistema está construido sobre la base de que la innovación es recompensada por un derecho exclusivo limitado al mercado. Algunos inventores deben ser capaces de aprovechar la innovación y evitar a otros que no son innovadores, sino simples imitadores”, señala Christian Moser, experto en patentes del IPI.

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